- Las 'pruebas' contra el ex presidente de Abengoa ya estaban en auto del Juzgado de lo Mercantil.
- El magistrado se limitó a utilizar los resortes de la Ley Concursal para evitar la quiebra… y también para 'tumbar' a Benjumea.
- El proceso sigue por la vía civil, debido a las elevadas indemnizaciones a Benjumea y Sánchez Ortega.
- Y podría entrar también por la vía penal, como han pedido Anticorrupción y los afectados.
- La juez Carmen Lamela propuso el procesamiento por los 'finiquitos' de una empresa en crisis.
- Otra cosa es el desenlace que afectará más todavía a los desencuentros de la familia Benjumea.
La
Plataforma de Afectados por Abengoa se ha sumado a la presión contra
Felipe Benjumea, ex presidente de
Abengoa, y
Manuel Sánchez Ortega, ex consejero delegado, y ha pedido para ambos pena de cárcel (cinco y cuatro años y tres meses, respectivamente).
Es un paso más en el procedimiento contra la antigua
cúpula de la tecnológica andaluza, para el que ha sido clave el papel jugado por el juez de lo
Mercantil de Sevilla. Es más, en el mismo auto de la
homologación judicial que
salvó a Abengoa del
concurso de acreedores, ya estaban también todos los argumentos que ponían en solfa el pasado de la empresa, las razones de su profunda crisis o la responsabilidad en ella de sus antiguos administradores.
El primer efecto ya se notó en el auto de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y por eso propuso procesar, el pasado 13 de enero, a
Felipe Benjumea y a Sánchez Ortega por
administración desleal. Los dos habían cobrado
indemnizaciones que no se correspondían con el mal momento de la empresa, al borde de la
quiebra por su excesivo
apalancamiento. En suma,
ponía en duda unos pagos "extremadamente importantes" (de 11,5 y 4,5 millones, respectivamente).
Ese auto judicial implica también a los que tuvieron que ver con esa decisión, tres ex consejeros y miembros de la Comisión de Retribuciones de Abengoa (
Mercedes Gracia,
Alicia Velarde y
Antonio Fornielles).
Este martes, han sido los perjudicados por esa gestión los que han presentado su escrito de acusación. En él se da el salto a la
vía penal al solicitar para todos los implicados pena de cárcel por el mismo delito: administración desleal.
Además, se piden también
multas: 180.000 euros para Benjumea, 144.000 euros para
Sánchez Ortega y 72.000 euros para miembros de la
Comisión de Retribuciones (para éstos, además, tres años y seis meses de cárcel).
La petición de cárcel la Plataforma de Afectados por
Abengoa coincide -también en los argumentos- con la formulada por la
Fiscalía Anticorrupción. No es así, sin en embargo, respecto a las sanaciones (la fiscalía las reduce a la mitad).
Lo más importante en las
acusaciones, en cualquier caso, ya estaba escrito en el auto del juez de lo Concursal, el mismo que
paró los pies a las reclamaciones de las aseguradoras y de
Felipe Benjumea. Por eso el ex presidente de Abengoa y el resto de los que habían impugnado el
plan de reestructuración se quedaron sin argumentos.
La tesis del Juzgado de lo Mercantil estaba muy clara:
si hay facilidad para un acuerdo hágase todo para facilitar ese acuerdo. Sólo estimó parcialmente la impugnación con referencia a un punto muy técnico: deuda que podría resultar de la
ejecución de una garantía real. El juez tuvo en su mesa toda la documentación de Abengoa facilitada por el equipo de abogados. En esa documentación, por ejemplo, estaban todas las pruebas del
despilfarro en la sociedad, como lo es que sus consejeros hubieran cobrado 32 millones con una empresa en quiebra.
La consecuencia más palpable de la homologación judicial fue plan del rescate, lo que suponía,
de facto,
tumbar a Felipe Benjumea. Pero significaba también el entierro de la
vieja Abengoa, o lo que es lo mismo: el punto de partida para la
nueva Abengoa.
Quedaba claro en el auto de lo Mercantil la responsabilidad de los antiguos administradores y eso provocó, a su vez, los
desencuentros en la familia Benjumea (bastante amplia) por la forma de actuar de Felipe. Todos se habían encomendado a él, a su forma de gobernar, firmando órdenes y acuses de recibo, pero se encontraron de repente con la
desagradable sorpresa de que ya no era dueño de una gran empresa y, encima, sobre la que colgaba una deuda de muchos ceros. Eso no pasa así porque sí ni se arregla de la noche a la mañana.
Ahora, queda por delante el desenlace judicial, civil o penal.
Rafael Esparza
