El Ministerio de Fomento ha decidido reducir una media del 30% los peajes de las ocho autopistas rescatadas por el Estado en 2017, que serán gratuitas, además, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. El objetivo es que con el reclamo del precio se utilicen más para aumentar los ingresos. Ahora son una ruina, como puede ocurrir también con la supresión del peaje en todas las autopistas públicas.

El ministro José Luis Ábalos, de hecho, ha confirmado su intención de que todas las autopistas del Estado sean gratuitas a medida que vayan venciendo las licencias. Ha ocurrido ya con la autopista AP-1 -entre Burgos y Armiñón (Álava)- y, las siguientes en ese calendario serán, en diciembre, la AP-7, en el tramo entre Tarragona y Alicante, y AP-4 Sevilla-Cádiz, las dos Abertis, la concesionaria con más contratos. Y en agosto de 2021, el resto: la AP-2, entre Zaragoza y Lérida, y la AP-7, desde Alicante a La Junquera.

Se trata, no obstante, de una propuesta socialista. Sólo cambiaría el escenario en caso de adelanto electoral y cambio de Gobierno, aunque parece. La postura del PP era parecida y las concesionarias dan por superado ese extremo.

Las autopistas quebradas son una ruina, mientras Fomento no tiene claro un modelo de financiación de la red 

Ahora bien, no ha resuelto todavía el contrapunto, en forma de canon por uso la utilización de las autovías. O lo que es lo mismo, pasar de las autopistas sin peaje a las autovías de pago. El ministro se limita a constatar que hay problema por los costes de mantenimiento, que ascienden a 11.000 millones anuales, pero sin más precisiones.

Depende, en cualquier caso, del nuevo modelo de financiación, aunque el canon es la opción con más boletos. Una cosa está clara: ni todos utilizan las autovías por igual, ni todos los vehículos castigan el pavimento del mismo modo (una moto no tiene nada que ver con un camión) y ni la red se reparte por igual entre las autonomías.

Sí está claro, en cambio el plan para las autopistas rescatadas. Las rebajas de peaje se aplicarán a las cuatro radiales de Madrid, a la M-12, que une la capital a Barajas; la AP-36, entre Ocaña y La Roda; el tramo de la AP-7, entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante. Y ocurrirá lo mismo en la AP-41, entre Madrid y Toledo, pero tendrá que esperar a la liquidación de su actual concesionaria (Ceasa) para que sea rescatada.

El Gobierno calcula una factura de 1.800 millones, mientras las concesionarias la elevaban a entre 3.700 y 5.000

El debate más importante a ese respecto, con todo es la patata caliente de esas quiebras, en las que se invirtieron 7.000 millones. Fomento no ha develado aún las cifras del muerto; es decir, lo que tendrá que pagar el Estado por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Es un eufemismo como otro cualquiera porque el pago caerá, al final, sobre el contribuyente.

El Gobierno calcula una factura de 1.800 millones, mientras las concesionarias la elevaban a entre 3.700 y 5.000. Los fondos de inversión acreedores de esas autopistas, discrepan, a su vez, como informa Expansión, de los cálculos de Fomento, y sopesan acudir a los tribunales.

Pero Fomento, en cualquier caso, ha recortado las compensaciones, por el mismo problema que se va a encontrar en el resto de autopistas: el elevado coste de mantenimiento. Alega, de hecho, que la mala conservación de las vías.