• También se lo ha encargado a la Policía y Guardia Civil para evitar "la consumación del delito".
  • Esta mañana Puigdemont había dado a entender que los Mossos no se dedicarían a requisar urnas porque la policía no está "para hacer política".
Esta mañana, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha advertido a la Fiscalía  que los Mossos d'Esquadra "tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente", no ir en busca de las "más de 6.000 urnas escampadas por el territorio" que ha asegurado que habrá el 1-O para celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, recoge RTVE. Pero la Fiscalía de Cataluña no le ha hecho caso a Puigdemont, porque ha ordenado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero (en la imagen), así como a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña que, para evitar la "consumación del delito", "requisen urnas" y todo material destinado a preparar y celebrar el referéndum del 1 de octubre, recoge El Mundo. Tras una reunión este mediodía con Trapero y los responsables de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo, y del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastián Trapote, la Fiscalía ha emitido un comunicado en el que ordena a todas las unidades de la policía judicial que actúen ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios o "particulares en connivencia con aquellos" dirigidos a preparar y celebrar del "referéndum de autodeterminación ilegal". A partir de ahora, las fuerzas policiales deben hacer atestados (como policía judicial) ante cualquier acción de cualquier persona o administración relacionada con el referéndum y remitirla a la Fiscalía, según la instrucción. "Queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualesquiera actos dirigidos a la celebración del referéndum de autodeterminación", asegura la Fiscalía. Además de escribir atestado, deberán "adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal", como urnas, sobres, papeletas, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos, propaganda, material informático y cualquier elemento de difusión de esta votación. También destaca que el delito de malversación de fondos públicos está penado con hasta 8 años de prisión y 20 de inhabilitación. Andrés Velázquez [email protected]