Sr. Director:
Con la polémica abierta por unas declaraciones del ministro de Hacienda y el gasto en el referéndum de 1-O, lo que está en juego es el desarrollo del juicio, la extradición de los fugados y la credibilidad del propio Ministerio de Hacienda y su capacidad de control. Pero habrá que dilucidar también si el plan urdido por el secesionismo incluía el disimulo de sus gastos, que han podido ser atribuidos a otras operaciones financieras. Si el juez Llarena ha podido comprobar un gasto cercano a los dos millones de euros es porque se han intervenido las facturas pagadas a los proveedores de las urnas, las papeletas y la publicidad, que hicieron posible el referéndum ilegal.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha explicado que el ministro se refería tan sólo al dinero correspondiente al FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica con el que el Estado socorre a las deficitarias arcas de la Generalitat. Pero urge aclarar este punto en un momento crucial para la defensa del Estado de Derecho.
