Sr. Director:
En estos días se está estudiando en el Tribunal Constitucional el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía, en apelación de las sentencias desfavorables sobre los colegios de educación diferenciada, a los que se les ha negado el concierto educativo.
Hace unos días en un artículo referido a la ideología de género, decía que en este tema la política y la ideología estaban ganando la partida a los estudios científicos. Esta misma afirmación podría aplicarse a la manipulación que se practica en el sector educativo.
Hay estudios a favor y en contra de la organización escolar mixta o diferenciada. Sin embargo, los gobiernos se inclinan a favor de la primera, cuando lo lógico y justo sería mantener la neutralidad del Estado y dejar en manos de los padres la elección de centro para sus hijos.
Según las cifras publicadas, actualmente hay un buen número de alumnos escolarizados en colegios de educación diferenciada, centros privados, ya excluidos, por algunas Comunidades Autónomas de los conciertos y un grupo de concertados a los que se les ha negado, recientemente, el concierto.
Estos recurrieron a los tribunales y en todas las instancias han obtenido sentencias favorables, ante la arbitrariedad encubierta de exigir que para recibir el concierto tiene que pasar por el “aro” de convertirse en mixtos.
Ahora la “pelota” está en el TC. Según noticias publicadas parece que dentro de la división existente en este organismo, entre los magistrados supuestamente conservadores y progresistas, hay un principio de acuerdo en que la educación diferenciada tiene los mismos derechos que el resto de centros, aunque no está muy claro que puedan acceder a los fondos públicos. De ser así sería algo poco comprensible, pues a derechos iguales, qué razón hay para mantener esta situación arbitraria.
La interpretación interesada en este tema está provocando que el trato a las familias con hijos en edad escolar, sea diferente según el partido político que gobierne en la comunidad autónoma. Dándose el caso lamentable de que en las mismas circunstancias, el cambio de formación política haya propiciado la pérdida del concierto, con el consiguiente perjuicio para las familias que vieron conculcados sus derechos constitucionales.
Son muchos padres de familia pendientes de una sentencia que permita ejercer su derecho efectivo a la escolarización de sus hijos, de acuerdo con sus principios, sin la amenaza de la escuela única para todos, bajo el “paraguas” y vaivenes de la política.
