Alicia Rubio, responsable de Libres para Educar, una iniciativa de Profesionales por la Ética, se ha puesto en contacto con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y la Consejería de Educación para recordarles que la educación afectivo-sexual no puede impartirse legalmente sin el permiso expreso de los padres.
«La legislación española y los convenios internacionales firmados por España dejan muy claro que las administraciones deben garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales o filosóficas. Los padres tienen que conocer y autorizar qué formación se les va a dar, quien la va a impartir y prestar su consentimiento expreso.
Por otro lado, Rubio recuerda que la educación afectivo-sexual que se imparte en los centros educativos públicos responde a unos valores y formas de comportamiento que no todos los padres comparten y precisamente por ello no se puede imponer como único modelo válido para el comportamiento de los jóvenes.
«A ello hay que añadir», indica Rubio, «que la eficacia de este tipo de educación sexual está cuestionada científicamente, ya que no logran ningún resultado sobre indicadores que pretenden reducir, como el aborto de adolescentes».
