Sr. Director:
El siguiente mensaje corre por Internet. Plantea cuestiones interesantes:
El 28 de julio de 2018 TVE ha dado cobertura total en directo a una comparecencia conjunta de los señores Puigdemont y Torra en Bruselas. Dicha comparecencia ha tenido lugar en la "Embajada" de Cataluña en Bruselas, a la que también han llamado "Casa de la República Catalana". En dicha comparecencia, el Sr. Torra acusó al Estado español, entre otras cosas, de que su policía atacó a los catalanes inocentes que estaban votando el 1 de octubre. El Sr. Puigdemont señaló la existencia de presos políticos y pervivencia del franquismo.
La delegación de Cataluña ante la UE ¿no está financiada por fondos públicos?
Si es así, ¿cómo celebra un acto de exaltación de un delito y de unos delincuentes?
Si es un centro dependiente de organismos y fondos públicos españoles, ¿por qué exhibía solo banderas catalanas y de la UE
El Sr. Torra ¿no es un alto funcionario español, representante del Estado en Cataluña?
Si es así, ¿no es una gravísima deslealtad participar en un acto en que se ataca al Estado en suelo extranjero, y se vierten insidias sobre la actuación de la policía en cumplimiento de un mandato judicial?
Si como presidente de un gobierno autonómico los locales de la delegación catalana en Bruselas dependen de su administración, ¿cómo los cede para la exaltación de un delito y de un prófugo de la justicia?
Los gastos indudables que han ocasionado ese acto ¿no pueden considerarse malversación de fondos públicos?
¿Por qué razón TVE ha dado total cobertura a la retransmisión en directo de la comparecencia? ¿Piensa TVE cubrir en adelante las declaraciones de violadores, por ejemplo, para que justifiquen su postura ante la opinión pública?
Ante la actitud del Sr. Torra que ampara el delito y pone recursos públicos al servicio de los delincuentes, ¿no debe el Gobierno del Estado exigirle una inmediata rectificación y avisarlo a los efectos previstos en el artículo 155 de la Constitución?
¿No deben los partidos constitucionalistas impulsar iniciativas que eviten que se repitan estos hechos, exigir inmediatas responsabilidades e, incluso, impulsar en el Senado un nuevo procedimiento de aplicación del art. 155?
¿No debemos los españoles movilizarnos para enfrentarnos a una situación que algunos políticos desean imponer por vía de hecho, amparados en la desidia y la desmovilización colectiva?
Pasad estas reflexiones. Está en nuestra mano crear opinión y poner límites a tanto despropósito.
