Sr. Director: Algunos gobiernos autonómicos han entendido que la docencia y el ámbito de la escuela estaban al servicio de un proyecto ideológico, algo totalmente contrario al mandato constitucional de garantizar la educación en condiciones de libertad y de igualdad para todos. Las competencias autonómicas en materia educativa hacen que el Gobierno tenga, al menos en principio, un campo de acción limitado. Por eso el estudio encargado por el Ministerio de Educación, en ejercicio de una función de control y garantía, debería ser un documento de partida para un replanteamiento del papel de las Administraciones Públicas en esta materia. Jesús Martínez