Sr. Director:
Convendría que los portavoces socialistas bajaran el diapasón de su indignación fingida, porque pocas veces se había visto a un jefe de Gobierno permitirse la licencia de calificar delitos, y menos, cuando el Tribunal Supremo, que es a quien compete la instrucción judicial, ultimaba los autos que sentarán en el banquillo a los 18 líderes del golpe separatista. Que el máximo representante del poder Ejecutivo se adelante a los escritos de calificación de la Fiscalía se presta a pocas interpretaciones amables.
