Sr. Director:
Quiero denunciar los hechos ocurridos el domingo pasado 10 Mayo en mi Calle Núñez de Balboa, en Madrid. Crónica y relato de lo que parece una “nueva normalidad” consistente en la que los ciudadanos vemos vulnerados nuestros derechos fundamentales mientras el gobierno empieza a sentirse cómodo con sus decretos de confinamiento. Eran las 20:30, y como todas las tardes desde el 14 de marzo en el que se decretó el Estado de Alarma, salimos los vecinos a las ventanas a aplaudir y tras escuchar el Himno Nacional y música que acompaña a tantos en soledad, tras más de 50 días de confinamiento, con un fuerte sentimiento de arresto domiciliario y cautiverio, vimos desde nuestros balcones un despliegue desproporcionado, con furgones y coches policiales.
En principio, aplausos, pues siempre que han pasado por nuestra calle a esas horas han recibido un homenaje, y pensamos que ésta era otra ocasión. Pero esta vez nos pareció a mis hijos y a mí un operativo policial, a todas luces excesivo, pues la Policía Nacional (al menos, llevaban su uniforme) desplegó 30 hombres cortando nuestra calle, desde la Calle Ayala hasta Don Ramón de la Cruz. A los pocos minutos, sin que sepamos cómo entraron en el edificio, fue aporreada nuestra casa, llamaban a la puerta y con el asombro y perplejidad mis hijos vieron a dos miembros de la Policía Nacional, no portaban mascarillas, pero poco o nada importó tras la frase que escuchamos: “No se pueden montar fiestas con 26.000 muertos”. A lo que contestamos “Ud están haciendo un juicio de valor pues sacar las banderas al balcón no es delito y en esta casa hemos tenido fallecidos”.
Lo mismo, o algo parecido, ocurrió en las demás viviendas del edificio. Fue entonces cuando arrancó la cacerolada, como protesta ante este abuso de poder, y no antes. Considero una falta de respeto, una inaceptable intimidación y desconsideración a esta familia, a mis vecinos y todos los que hemos cumplido estrictamente las recomendaciones sanitarias, e incluso hemos aplaudido con anterioridad a la Policía. Estos son los hechos, de los que se deriva no sólo la percepción social de un claro abuso de poder de las autoridades que ordenan tales actuaciones de la Policía en esta grave crisis, sino también un distanciamiento de la misma sociedad hacia la Policía (anteriormente aplaudida) y hacia las autoridades que así lo ordenan o lo permiten, poniéndose en evidencia su incapacidad de gestión y su ignorancia o mala fe, ya que nadie está legitimado para ordenar ni cumplir directivas contrarias a la Constitución que nos ampara.
