Sr. Director: La decisión del Ejecutivo español de mantener la legislación en materia de derecho a la vida del concebido y no nacido, en los parámetros legales establecidos durante el Gobierno Zapatero ha causado desconcierto y decepción. Está claro que son las instituciones políticas las que deben reconocer, proteger y garantizar legalmente los derechos fundamentales, pero no lo es menos que la sociedad tiene una gran responsabilidad al respecto. Al derecho a la vida le corresponde el deber recíproco de su conservación, protección y fomento. Es precisamente el cumplimiento de este deber el que debe movilizar socialmente a todos los ciudadanos y asociaciones civiles comprometidas con la cultura de la vida. Recuerdo que en este sentido, la Fundación Red Madre ha lanzado una campaña con el lema 'Ayúdame a nacer', cuyo objetivo es atender a 10.000 mujeres que necesitan hacer frente a los primeros gastos de sus hijos recién nacidos y llevar a término su embarazo en circunstancias más favorables. Valentín Abelenda