«Entre lunes y martes», todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) «quedarán vacíos y cerrados», según avanzaron fuentes del Ministerio del Interior. Se hará después de que los 50 ocupantes que aún permanecían este fin de semana repartidos entre algunos de ellos sean realojados en recursos del Sistema Nacional de Acogida dependiente del Ministerio de Inclusión, que está absorbiendo a esta población.

En el momento de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, en estos centros estaban ocupadas un 59% de sus 1.135 plazas, esto es, 670. Aplicando primero el criterio de liberar a aquellos internos próximos a cumplir el máximo de 60 días de estancia, se vació la instalación de Barcelona y Tarifa, dependiente del CIE de Algeciras.

Con posterioridad, se ha impuesto la realidad de que no se puede repatriar, unida a los temores de contagios en los centros -Interior no ha reconocido ninguno-, agravados la pasada semana por órdenes judiciales que mandaban desalojar los de Madrid y Las Palmas visto su «hacinamiento». Finalmente, de lo que se está tratando ahora es de practicar las puestas en libertad de forma «paulatina» y al ritmo en que los dispositivos de acogida pública, en su mayoría gestionados por ONG, van dando cabida a todos los que no pueden procurarse un alojamiento por sí mismos, con familiares o amigos.

El cierre de los CIE es una aspiración de Podemos y plataformas como Barcelona en Comú, de la que forma parte Ada Colau. Los creen contrarios a los derechos humanos y proponen sustituirlos, por ejemplo, por la obligación de que los inmigrantes se presenten en comisaría mientras se tramita su expulsión, lo que entraña un alto riesgo de incomparecencia. Aunque, bien pensado, ¿adónde van a escapar, cuando España se ha convertido en una gran cárcel gracias al confinamiento forzoso decretado por el Gobierno Sánchez?