Caso real, acaecido en el madrileño barrio de Campamento. La propietaria de
un pequeño comercio de ropa se desprende de una caja vacía de género. No
puede doblarla y no cabe por el agujero del contendor, así que decide
depositarla junto al cubo de basura. Tan convencida está de que no hace nada
malo que no quita su nombre y dirección del paquete. Ese fue su error: llega la policía de la basura y le envía a casa una sanción
de 250 euros. Como vamos todos camino del manicomio nadie protesta. Se paga y en paz. Porque si algo sabe hacer el Estado es moverse entre la
jungla burocrática de leyes y normas ante las que el ciudadano vive
amedrentado. Vamos, que le cobrarán intereses de demora por lo menos.
A lo mejor podían facilitar la obligación de que cada hogar o empresa
depositara sus residuos con más comodidad en los diversos contenedores. O a
lo mejor, en lugar de dedicarse a fastidiar al prójimo los policías de la
basura podían meterse a asistir a quienes hurgan en las basuras. Suelen
hacerlo en la orgánica. Esto es, que buscan comida porque realmente la
necesitan.
Hispanidad
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