El ayuntamiento de Valladolid, cuyo alcalde es el socialista Óscar Puente, portavoz, a su vez, de la Ejecutiva Federal del partido, asumió la gestión del agua hace un año, a través de la empresa pública Aquavall. Fue la primera gran ciudad en romper el modelo público-privado que tan buenos resultados demuestra en todo el país.

Pero no, había que eliminar la parte privada como fuera. Y así lo hizo el PSOE bajo el argumento de que la tarifa del agua “debía ser una tasa pública”. Es decir, que el agua se debía cobrar como una tasa y no como una tarifa.

Error. Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Ordenanza aprobada por el ayuntamiento de Valladolid es contraria al ordenamiento jurídico porque establece irregularmente el devengo y el periodo impositivo. Conclusión: el consistorio tendrá que devolver el dinero cobrado indebidamente, además de las costas del juicio. Esto marcha.