Una de las más graves consecuencias de la crisis que arrastramos es la ejecución de hipotecas por falta de pago, y la consecuente desposesión de la vivienda a sus ocupantes.
"Solo" eso ya sería dramático, pero es que -además- es frecuente que con ello no quede cancelada la hipoteca, y el banco exige al cliente pague -como sea- el resto de la deuda. Estamos conociendo todos los días la situación de Ayuntamientos de toda España que, al constituirse las nuevas corporaciones, se han encontrado con la caja vacía y muchos millones de euros en deudas pendientes de pago, amén de desaparición de toneladas de documentos en algunos casos, y la conversión in extremis en funcionarios de personal contratado a dedo.
Habida cuenta de que muchos de los ediles defenestrados el 22-M tenían la Casa del Pueblo como propia, me pregunto si -al margen de responsabilidades penales en los casos de apropiación indebida- no hay en el conglomerado de nuestras leyes alguna manera de perseguir estos desmanes.
Amparo Tos Boix
