España no tiene una legislación sobre el acceso a la información pública. Los ciudadanos no pueden enterarse de la utilización de fondo públicos, actas de reuniones o contenidos de dictámenes

La publicación Tendencias de Carlos Díaz Güell ha sacado a la luz un artículo sobre el acceso a la información pública en España a raíz de las presentaciones de resultados en las últimas semanas de muchas de las empresas españolas.

Si la mayoría de las empresas deben presentar sus operaciones financieras, un Estado debería hacer lo mismo para que los ciudadanos sepan a qué se destinan los impuestos o cómo funcionan las administraciones públicas. Sin embargo, en España no funciona así. Pese a que la Constitución española señala que la ley regulará este extremo, lo cierto es que las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales son bastante opacas y mantienen una concepción patrimonialista de la sociedad y la información. De esta manera se facilita la corrupción, los abusos y la mala gestión. Hasta que no se logre esa transparencia, la calidad de nuestro sistema democrático estará en duda.

Juan María Piñero

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