Casi al mismo tiempo que el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, fijaba una fianza de 43.250.000 euros al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, para hacer frente a la responsabilidad civil que pudiera derivarse en el caso de que se le condenara, Soraya Sáenz de Santa María "no opinaba", pero pinchaba al ser preguntada sobre la actuación de Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, muy cuestionado por haber comprado, en una subasta judicia, la vivienda de un vecino suyo para ahorrarse 18.000 euros.
Sáenz de Santamaría no opina, pero sí afirma que "cada uno es responsable en materia de congruencia y coherencia", y ha añadido que "el presidente de la Junta de Andalucía tendrá que dar explicaciones políticas en su cargo".
De momento la cúpula de IU, partido político donde milita Diego Valderas, alcalde durante 15 años de Bollullos del Condado, donde adquirió el piso limítrofe con su casa, ha salido en defensa de su correligionario. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha declarado: "Estamos hablando de algo que ha formado parte de la cotidianeidad durante mucho tiempo en este país, donde se han embargado viviendas que han pasado al 'stock' de entidades financieras y que, a su vez, se han puesto a la venta".
No debería de ser cotidiano que un comunista supuestamente convencido, paladín de la controvertida ley antidesahucios andaluza, obtenga provecho económico de la situación de un vecino, como tampoco que vaya a la cárcel el ex tesorero del partido político en el poder, quien, en el 'chabolo' de Soto del Real se comporta como un líder, admirado por los presos. Todo un superstar, por millones de razones y de euros.
No es de extrañar que en este país aumente la preocupación de los españoles por los políticos y la corrupción. Con semejantes mimbres se podría cuajar el guión de una grandiosa astracanada.
Sara Olivo
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