Ha sido el paso previo al dictamen del Consejo de Estado que solicitará el Ejecutivo, y tras el cual podrá presentar recurso de inconstitucionalidad.
Una prudente Soraya Sáenz de Santamaría se ha negado a precisar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de forma tajante si presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración soberanista del Parlament catalán, aprobada el pasado 23 de enero con los votos de CiU, ERC e ICV-EUiA.
El viernes la vicepresidenta ha anunciado que el informe de carácter consultivo que el Ejecutivo encargó a la Abogacía del Estado señala que la declaración soberanista reúne "las características para ser impugnable" porque atenta contra varios artículos de la Constitución. Así, el informe precisa que, según la Constitución, como ha apuntado Sáenz de Santamaría, "la soberanía reside en el pueblo español, y es única e indivisible". Ha recordado la portavoz que al pedir el informe querían conocer sus efectos jurídicos, y a partir de ahí "tomar una serie de decisiones".
El paso inmediato es consultar al Consejo del Estado, cuyo dictamen será preceptivo, pero no vinculante, y así averiguar si la declaración soberanista "es impugnable". Según el informe de la Abogacía del Estado, otra de las características del pronunciamiento independentista del Parlament es que abre un proceso que se va a concretar en una serie de medidas asumibles por los poderes públicos catalanes, es decir, "tiene consecuencias". "La resolución soberanista tiene efectos en sí misma" y como el propio informe de la Abogacía del Estado, recuerda que "todos los poderes del Estado están sometidos al ordenamiento jurídico".
Ha querido matizar que el manifiesto soberanista catalán es muy diferente al caso del llamado Plan Ibarretxe, ya que en aquel lo que se recurrió fue un trámite inicial. En este caso, ha dicho, lo oportuno es "recurrir el último punto del mismo… el acto final de ese proceso".
Sáenz de Santamaría, al ser preguntada por las declaraciones del portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, que ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de querer "atentar" contra la expresión democrática y las instituciones catalanas tras conocer las primeras declaraciones sobre el informe de la vicepresidenta, ésta ha afirmado que "lo más democrático es cumplir la constitución y las leyes" y en el caso del Gobierno, "hacer la labor que le corresponda".
Sara Olivo
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