• Sacyr tiene razón en su reclamación pero no ha debido recurrir al ultimátum.
  • La teoría es esta: cuando una empresa pelea con un gobierno, siempre acaba ganando el Gobierno.
  • Mientras, el vicepresidente norteamericano, Joe Biden, se preocupa de defender la opción de la norteamericana Bechtel, uno de los poderes fácticos USA.

Sacyr ha dado un plazo de 21 días a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el gobierno de aquel país, para entendernos: o se compromete a aportar otros 1.200 millones de dólares o paralizará la obra de ampliación del Canal de Panamá.

La historia de la megaampliación es ésta: La ACP saca a concurso la ampliación del Canal, el trasvase  más importante del mundo. Acuden tres ofertas, dos españoles y una norteamericana, la de la opaca y muy bien relacionada Bechtel.

El primer consorcio español está formado por ACS, FCC, Acciona y otros. Como no se ponen de acuerdo entre ellos, hacen una oferta inasumible: 6.000 millones de dólares. Los norteamericanos de Bechtel, por su parte, ofrecen 4.100. Sacyr, a la cabeza de un consorcio donde figuran italianos y belgas, 3.200 y se llevan el contrato. El precio oculto al que aspiraba Panamá era de 3.400.

Eso sí, era una oposición en dos fases. La primera, técnica, donde Sacyr y sus socios presentan la oferta mejor cualificada y la monetaria.

Gran cabreo de los norteamericanos que no han dejado de insistir en que el Canal es suyo y ellos tenían que llevarse el concurso. Digamos que el canal ya es de soberanía panameña pero no olvidemos que la actual batalla legal se libra entre Sacyr... y bufetes norteamericanos, lo cual ya proporciona alguna pista.

En cualquier caso, comienzan las obras, que deberían esta concluidas para 2015. Es entonces cunado comienzan las discrepancias. Sacyr reclama a la ACP, regida por Jorge Quijano, que se aumente el presupuesto porque no es suficiente. De hecho, la propia ACP está dispuesta, o al menos así lo reconocen, a aportar otros 600 millones de dólares pero el consorcio Sacyr solicita el doble.

Al final, desacuerdo absoluto y Sacyr lanza el ultimátum: paralización de las obras en 21 días si no hay acuerdo. En la mañana del jueves 2, Jorge Quijano asegura que no está dispuesto a negociar y amenaza con hacer valer las penalizaciones e irse a los tribunales.

Es habitual que haya desfases en los presupuestos pero aquí es donde emerge la figura de Matías Cortés (en la imagen), el abogado de Sacyr. Cuando digo el abogado de Sacyr quiero decir consejero de la constructora que trabaja como abogado externo de la misma y gira cuantiosas minutas. Cortés siempre está más dispuesto al pleito que al acuerdo, porque es ahí donde gana dinero.

En resumen, convence a su principal valedor, Demetrio Carceller y al presidente de Sacyr, Manuel Manrique y dan el ultimátum. Sacyr tiene mucha razón en sus reclamaciones pero se ha equivocado al lanzar un ultimátum: cuando un Gobierno y una empresa entran en liza el Gobierno tiene todas las de ganar. Para algo es soberano y eso que llamamos derecho internacional es una criatura endeble, cuando no controlada, mucho más que los tribunales ordinarios.

Encima, por pura casualidad, hace un mes el vicepresidente norteamericano Joe Biden, visita Panamá y se hace acompañar por directivos de Bechtel. Una visita que coincide en el tiempo con el endurecimiento de las condiciones de la ACP que se cierra en sus famosos principios de que las reclamaciones "no figuran en el contrato". Mientras, desde San Francisco, sede de Bechtel, comienza una campaña contra la empresa española por elevación: desprestigiar la labor de las constructoras españolas en Sudamérica, donde compiten con las norteamericanas de tú a tú. Además, Bechtel dispone de más financiación que el Consorcio Sacyr, porque ni la banca española ni la italiana (Sacyr posee un 40% del Consorcio por otro 40% los italianos) están dispuestas a colaborar en la financiación del asunto.

De entrada, Sacyr ha recibido un fuerte varapalo en Bolsa y sus acciones cerraban con una bajada del 8,95%. Estamos hablando de uno de los 3 mejores valores del mercado madrileño de 2013.

¿Qué puede pasar ahora Lo ideal sería que el Gobierno español intercediera ante el panameño -que, encima, afronta elecciones generales en mayo y allí la campaña dura seis meses- para que la ACP, la empresa más rentable de Panamá, accediera revisar las condiciones. Lo cierto es que los ingenieros aseguran que es muy difícil prever el coste real de una obra de este tipo y, la empresa que preside Manuel Manrique, afirma que Panamá no le proporcionó una información adecuada sobre el coste real del proyecto.

Por otra parte, la obra se paga mediante certificaciones, y Sacyr asegura haber escogido el mejor momento de ese calendario de pagos para recibir lo presupuestado y poder abandonar, con pocas pérdidas, la obra.

Otra posibilidad es que se judicialice el asunto, en cuyo caso el único que ganará será don Matías Cortés y los norteamericanos de Bechtel. A fin de cuentas, si sumamos lo ofrecido por Sacyr, más su extra de 1.200 millones adicionales se supera, pero no por mucho, lo apostado por Bechtel. Pero, en cualquier caso, el riesgo más importante para Sacyr es el desgaste reputacional. Por ahora, ni la ACP está dispuesta a ceder y, encima, el señor Joe Biden, que aspira a presentarse en las próximas presidenciales norteamericanas como candidato demócrata, está dispuesto a hacer valer todo el poder norteamericano en el asunto.

Eulogio López

[email protected]