Un lector de Hispanidad me recrimina mi dureza con la reforma eléctrica del ministro Soria. Una crítica más que adecuada porque me recuerda que, aunque el déficit de tarifa es un invento del aznarismo tardío, se convirtió en un desastre con el muy verde Zapatero -en sentido ecologista, digo-.
Y es verdad: el PP tenía que parar la sangría a toda costa. Otra cosa es que no me gusta cómo lo ha hecho: subiendo impuestos y remunerando menos en algunas energías que debían promocionarse.

No, no hablo de las renovables, hablo de la nuclear y el carbón, que son, en verdad, la energía del futuro. Y si no fuéramos tonti-ecologistas, hace tiempo que nos hubiéramos dado cuenta de ello.
Pero dejemos eso. Porque las tres reformas económicas del Gobierno son algo más, es decir, algo peor. La política energética en España es un vivo ejemplo de los males de la subvención. Y eso sí que es grave. Principio general: todo sector económico que no pueda sobrevivir sin subvención pública debe desaparecer o convertirse en prestación pública.

Segundo principio: no hay manera de arbitrar subvenciones sin incurrir en agravio comparativo. Especialmente, desde que, tras la postguerra mundial, se modificó un esquema muy claro: las infraestructuras eran cosa del Estado y las sobreestructuras que por ellas se desarrollaban eran una cuestión de particulares. Cuando las grandes compañías comenzaron a ser propietarias de redes, el Estado se convirtió en regulador, que es lo mismo sólo que peor: no aporta nada pero puede fastidiarlo todo, Y los poseedores privados de redes se convirtieron en oligopolios lamentables.

Tercer mandamiento: todas las subvenciones públicas son injustas por agravio comparativo y generan injusticia social por narices.

Eulogio López

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