• El secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, también: "las operaciones CatalunyaCaixa y Banco de Valencia no tendrán ningún impacto en el contribuyente".
  • Lo mismo dijo en su día el Banco de España.
  • Las operaciones se acogerán a un Esquema de Protección de Activos (EPA).
  • Que sí tiene coste para el contribuyente, aunque de manera encubierta.

Es uno de los objetivos del Gobierno Rajoy: no utilizar dinero público para sanear el sector financiero. Y no está mal. Lo malo es que, al final, no será así y los contribuyentes tendrán que costear, en mayor o menor medida, una reforma desastrosa que comenzó el Banco de España bajo el mandato del socialista Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

Pero aceptar que los españoles tendrán que pagar de sus bolsillos parte de la reforma del sistema financiero no es políticamente correcto, ni tampoco muy 'popular' que digamos. Así, los miembros del Gobierno Rajoy se empeñan en afirmar que no, que los contribuyentes no tendrán que poner dinero de su bolsillo.

Este miércoles le ha tocado al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre (en la imagen). Durante el XIX Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte y ABC, ha afirmado que las dos operaciones que hay actualmente en marcha -CatalunyaCaixa y Banco de Valencia- "no tendrán ningún impacto en el contribuyente". Mentira. Sí lo tendrá. Es cierto que no en cuanto a aportación de capital, pero sí en cuanto que, al final, serán los ciudadanos quienes paguen parte de esas operaciones.

La explicación es sencilla: las subastas de las entidades se hacen bajo un EPA, es decir, un Esquema de Protección de Activos, que consiste en que la banca, a través del FGD, se hace cargo de una parte de las pérdidas potenciales de esas entidades. Pero, ¿qué ocurre? Pues que a estas alturas de la película (de la reforma), el FGD se ha quedado sin dinero. ¿Qué hacer entonces? Pues que los bancos conceden un crédito al FGD. Bien, pero ese crédito -como todos- tiene unos intereses que, al final, tendrá que pagar el Estado a los bancos que lo concedieron. Y, como es sabido, el dinero que tiene el Estado no es realmente suyo, sino que sale del bolsillo de cada uno de los contribuyentes.

La pregunta no es si la reforma financiera la tendremos que costear los ciudadanos, sino cuánto nos costará a cada uno de nosotros el saneamiento del sector financiero.

Pablo Ferrer

[email protected]