Hace no mucho, un mes aproximadamente, se oían declaraciones de Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, de otros políticos y de un Presidente de un Tribunal Superior de Justicia, pidiendo sensibilidad a los jueces a la hora de acordar desahucios, y precisando algunos que el derecho de los acreedores a cobrar sus créditos tiene como límite la dignidad de las personas.
Ello ante la dramática subida del número de familias que se ven en la calle, al no poder hacer frente al pago de la renta o a la hipoteca. Los jueces no pueden hacer nada más que aplicar la ley. Y ésta acaba de ser modificada, pero no para proteger a las familias endeudadas, sino al revés, agilizando el desahucio. Desde el día uno de noviembre ya no hace falta juicio propiamente dicho, a no ser que el deudor comparezca y se oponga alegando el pago. Presentada la solicitud de desahucio, el funcionario requiere de pago al deudor y ya señala fecha para el desalojo forzoso, de modo que si no paga ni desaloja en diez días, tiene en su casa a la comisión judicial y la Policía....
Está visto que las preocupaciones de los políticos van por un lado, y las de la gente sencilla, por otra. Aquellos hacen overruling, como diría Pascual Sala: dicen una cosa y hacen la contraria. Mienten y engañan con una facilidad pasmosa. Aunque toda generalización es injusta.
Los partidos políticos, en cambio, no corren riesgo de ser desahuciados de sus sedes. Entre otras cosas, porque tanto las sedes como a ellos mismos les pagamos todos los españoles con nuestros impuestos, al igual que a los sindicatos. Por ahí podría empezar la tijera el Gobierno que salga del 20-N, entre otras materias. Autofinanciación es la palabra.
Fernando Ferrín Calamita
