Avanzamos sí, pero lo que nos cuesta. De entrada, la orden ministerial a la que se refiere la nota del Ministerio de Economía viene con retraso y se remonta a la ley ómnibus, y bastante desastrosa, denominada Ley de Economía Sostenible (LES).

Esta misma mañana -viernes 22 de marzo-, en la Junta de Accionistas de Iberdrola, celebrada en Bilbao, un accionista -y no era un cantamañanas de Bildu- le reprochaba al presidente, Ignacio Galán, que en plena crisis cobre 7 millones de euros. Y sí, es para reprochárselo, pero nuestro accionista no podrá evitarlo: la ley no se lo permite aunque es el propietario de Iberdrola.

Al mismo tiempo, el jueves nos enterábamos de que el consejero delegado de Telefónica, Julio Linares (en la imagen), se llevaba a casa (por todos los conceptos y tras 40 años en la compañía, ciertamente) la friolera de 39 millones de euros.

Veamos los pasos para imponer, no la trasparencia -menuda pedantería, sino la justicia- en las retribuciones de los directivos. Es un periplo gradual que contiene varios pasos. Y las normas se han quedado al comienzo del camino. A saber:

1. Nada de identificar los salarios de forma conjunta (por ejemplo, consejeros ejecutivos en bloque y no ejecutivos, también en bloque). Individualmente.

2. No sólo hay que conocer el salario fijo y el bruto, sino cualquier percepción en forma de patrimonio, liquidez o derechos: seguros, pensiones, blindajes, etc.

3. Vamos intensificando la relevancia de cada punto. En tercer lugar, no sólo se necesita fiscalizar las retribuciones de los consejeros sino, sobre todo, de la alta Dirección, Comisión Ejecutiva y Comité de Dirección, principalmente.

4. El más importante de todos: que todos los puntos anteriores, todas las retribuciones, de vocales y ejecutivos, sean aprobados, ojo, aprobados, no consultados, por los accionistas, porque para eso son los propietarios.

La solución es muy simple. Lo que pasa es que no se quieren poner en marcha.

Eulogio López

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