Lo conseguimos. La cuestación lanzada por Hispanidad para que el juez Fernando Ferrín (en la imagen), inhabilitado por 10 años, no vea embargados sus bienes -que se reducen a su domicilio familiar- ya ha cubierto la cantidad que le exige el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el mismo que le denegó el indulto. De toda España han llegado aportaciones para intentar paliar, que no remediar, eso no es posible, la injusticia del Consejo General del Poder judicial y del Gobierno, primero el de Zapatero, luego el de Rajoy. Algunas aportaciones han sido anónimas y, en cualquier caso, no es posible darle las gracias a todos personalmente, Así que, mi gratitud, como director de Hispanidad, y del propio interesado, en cuyo nombre hablo en este momento.

En total, a lo largo del proceso, que ha conllevado tres cuestaciones sucesivas para conseguir los 100.000 euros que le reclaman.

Hablo de paliar, no remediar, porque lo justo hubiera sido que el juez Ferrín no hubiera sido inhabilitado por el 'delito' de intentar que una niña recibiera la mejor educación posible.

En definitiva, Ferrín ha tenido que buscarse la vida tras haber sido despedido de un trabajo al que accedió tras una oposición... y por motivos ideológicos, tras una feroz campaña mediática y política del lobby gay. Dicho de otra forma: no hemos conseguido remediar la injusticia pero sí al menos asegurar al buen juez, coherente tanto con sus convicciones como, no lo olvidemos, con la ley, que no se ha quedado solo porque muchas personas no estaban dispuestas a abandonarle.

Y hay algo más. La persecución, con ensañamiento añadido, del juez Fernando Ferrín resulta de lo más ilustrativa y periodística: toda una fuente de información. Al Conde de Romanones se le atribuye la famosa frase: "hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos". Los reglamentos y la aplicación de esos reglamentos por la administración pública y por la Administración judicial.

Comparemos el caso Ferrín con otros casos y condiciones más o menos memorables. Por ejemplo, Garzón dejó de tener derecho a su sueldo con la simple admisión a trámite de la querella. Por contra, Garzón lo fue desde la admisión del juicio oral, al igual que el juez Francisco Javier de Urquía, condenado por prevaricación y cohecho por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por cohecho por el Tribunal Supremo. Y es que todos somos iguales ante la ley pero ley no es igual para todos. O, como diría Orwell, todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros. Ya saben: los reglamentos.

Pero lo más importante es el gesto de solidaridad de tantos lectores de Hispanidad -y de otros medios- que también han prestado su apoyo -como La Razón- con quien se merecía esa solidaridad. Porque como decía el viejo párroco, "algunos están dispuestos a dar su vida por Dios, pero no la cartera". Aquí no, aquí mucha gente se ha rascado el bolsillo. Gracias.

Eulogio López

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