España presentó una denuncia en junio contra la legislación del paraíso fiscal
La OCDE afirma que está decidida a acabar con los paraísos fiscales. Y España sueña con el que nos pilla más cerca deje de serlo muy pronto, como vaticinaron fuentes de Hacienda cuando afirmaban que irían cayendo uno a uno como castillos de naipes. Según un informe aprobado este martes por los ministros de Economía de la UE, el Ecofin, el régimen fiscal de Gibraltar que se aprobó en 2010, el Income Tax Act, incluye medidas que suponen una competencia fiscal perjudicial y vulneran el código de conducta comunitario sobre fiscalidad de las empresas.
España interpuso una denuncia ante la CE el pasado mes de junio, donde argumentaba que el Income Tax Act perjudicaba gravemente a las empresa españolas de la zona. Queda por ver si ahora se cumplen las expectativas del Gobierno Español, especialmente de los Ministerio de Economía y Hacienda, y Bruselas abre un expediente sancionador que obligue a su abolición.
A partir de un borrador elaborado por el Ejecutivo Comunitario, la legislación fiscal de Gibraltar ha sido analizado de forma exhaustiva por representantes de todos los estados miembros especializados en códigos de conducta y fiscalidad de empresas y han llegado a esta conclusión, respaldada por el Ecofin: "El grupo discutió este borrador de evaluación y acordó que el régimen de Gibraltar es perjudicial según los criterios del código".
El Gobierno británico ha hecho saber que ya ha iniciado las gestiones para garantizar que se cumplan los principios del código comunitario. España ha aplaudido el informe, pero ha criticado que sólo se hayan examinado algunos aspectos del régimen fiscal gibraltareño. No descarta emprender nuevas actuaciones.
Se trata de un nuevo varapalo para Gibraltar por parte de la Unión Europea después de que el Tribunal de Justicia Europeo diera la razón a España y avalara las aguas de Gibraltar como espacio que ha de ser protegido por España, lo que el Gobierno de nuestro país hizo de inmediato. El régimen de Gibraltar ha sido examinado por el grupo del código de conducta sobre fiscalidad de las empresas, que incluye a representantes de todos los Estados miembros, a partir de un borrador elaborado por el Ejecutivo comunitario.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
