• Esto es apenas un 1,6% del total de personas que entraron ilegalmente saltando la valla e ilustra que la mayoría no pide protección internacional.
  • Ricardo Sixto (Izquierda Plural) parece no enterarse y afirma que la política inmigratoria "incumple la Constitución española porque no permite el derecho de asilo".
  • El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recuerda que España tiene la obligación de defender su frontera exterior y por ello no suprimirá las 'devoluciones en caliente'. Pero el Consejo de Europa avisa: legalizarlas va contra el Tribunal Europeo de DDHH.
  • En lo que va de año 3.419 personas han muerto en el Mediterráneo intentando llegar a Europa para tener un futuro mejor, según ACNUR.
  • Por ello conviene recordar las palabras del Papa Francisco en el Parlamento Europeo: "No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio".

Parece que el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto no se entera de qué va la cosa en materia de inmigración a la vista del toma y daca que ha mantenido con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este miércoles en la sesión de control al Gobierno. Y es que los inmigrantes que vienen a España no lo hacen por razones políticas, sino económicas, pues buscan un lugar donde tener un futuro mejor que en sus países.

Sixto ha criticado la política inmigratoria del Ejecutivo, pues, en su opinión, "incumple la Constitución española porque no permite el derecho de asilo". Pero nada más lejos de la realidad, ya que de los 4.669 inmigrantes que entraron ilegalmente en Melilla hasta el pasado 16 de noviembre, sólo 75 pidieron asilo, según ha explicado Fernández Díaz. Es decir, apenas un 1,6% del total, lo que ilustra que quienes entraron no vienen por razones políticas, sino por económicas, pues no pidieron protección internacional.

Pero no sólo eso, una vez que ha tirado por tierra el argumento del diputado de Izquierda Plural, el ministro del Interior ha aprovechado su turno también para hacerle un pequeño regalo en forma de anuncio. En concreto, se trata de un proyecto que tendrá "una importante inversión presupuestaria y en medios materiales y humanos" para que los que quieran puedan pedir dicha protección antes de marzo.

Sin embargo, la postura del Ejecutivo no sólo tumba las quejas de Izquierda Unida, sino también lo señalado este miércoles por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha señalado que el 60% de los inmigrantes que entran en Ceuta y Melilla son refugiados políticos. Una categoría en la que los sirios ocupan la primera posición.

Otra cuestión sobre la que han dialogado estos dos parlamentarios ha sido las 'devoluciones en caliente', incluida en la ley de seguridad ciudadana. Fernández Díaz ha recordado que España tiene la obligación y el derecho de defender su frontera exterior y su territorio interior, por ello no suprimirá las 'devoluciones en caliente'. Pero el Consejo de Europa, concretamente el comisario de Derechos Humanos (DDHH) de este órgano, Nils Muiznieks, avisa a España: legalizarlas va contra el Tribunal Europeo de DDHH. 

El asunto de las 'devoluciones en caliente' trae cola, pues el diputado de Izquierda Plural considera que "las expulsiones colectivas que está cometiendo España están prohibidas por la Unión Europea (UE) y el principio de no devolución está recogido en la convención de Ginebra y en la carta de derechos fundamentales de la UE".

Pero la inmigración no es sólo una cuestión de España, sino también de Europa, pues en lo que va de año 3.419 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo, según la cifra que ha dado a conocer ACNUR. Una aventura que han emprendido con muy pocos medios, pero con un objetivo muy grande: llegar al viejo continente y tener un futuro mejor que en sus países de origen. Al hilo de esta trágica cifra conviene recordar las palabras que el Papa Francisco pronunció en el Parlamento Europeo el pasado 25 de noviembre: "No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio". Por ello, la UE debe tomar medidas, no lavarse las manos y no dejar solos a España y a Italia -los países que más sufren el drama de la inmigración inrregular- con el problema, pues es un tema europeo.

Cristina Martín

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