Cursé el antiguo COU en un instituto ovetense donde coincidí con compañeros de la cuenca minera. Allí aprendí lo que es la Asturias minera dedicada a un monocultivo llamado a morir.

Bueno, allí no aprendí las cifras, ni falta que hacía, pero sí el carácter de aquellos bachilleres. Para ellos, no tenía ningún sentido hacer un buen curso preparatorio porque sabían que a los 18 años iban a entrar en la mina, con una especie de determinismo que hasta para un adolescente de 16 años resultaba curioso. El lema podía ser éste: ¿para qué esforzarse si mi destino ya está marcado? Hasta los 40 en el pozo y después a prejubilarme.

También compartí horas de trabajo mal pagado remunerado en una pescadería de El Fontán con uno de esos futuros mineros. Como sufríamos de la misma enfermedad -adolescencia hormonal- jugábamos a poner la mano sobre el tajo, bajo la cuchilla del pescadero: ganaba el último que retiraba la mano, es decir, el más idiota.

Y lo más curioso es que los mineros asturianos son buena gente. Faltos de prejuicios, dispuestos a escuchar a todos, pero dominados por el fatalismo de las cuencas. Son carne de cañón.

Ahora los mineros están en huelga y se enfrentan a los antidisturbios porque el Gobierno ha disminuido los fondos para la minería. Fondos que se reciben principalmente, por tres vías: las prejubilaciones, las ayudas a las comarcas mineras y a la reindustrialización y, la menos conocida, el déficit oculto que provoca el consumo obligado de carbón nacional para producir electricidad.

Entre las tres ayudas se mantiene una industria sin ningún futuro y con menos presente. No es un sector, es una subvención pública. Desde 1990, Madrid y Bruselas han aportado 24.000 millones de euros a este pozo sin fondo, nunca mejor dicho. Todo ello para un oficio donde el 48% se jubila antes de los 44 años, con un coste medio por prejubilación de 433.000 euros. ¿De verdad merece la pena mantener en pie este cadáver?

Eso sí, cuando vuelvo a Asturias y formulo esa misma pregunta, y al tiempo, les recuerdo que para 2018 Bruselas ha ordenado que ni una sola empresa reciba más dinero público, me responden que no importa: hay que mantener las minas abiertas y en 2018 ya veremos.

Y ojo, porque quienes azuzan a los mineros contra la policía suelen ser los empresarios subvencionados del sector, los que no aparecen -aparecen los tontos útiles, los mineros- bajo la pancarta. Es decir, los que cobran. Por decirles algo, el supuesto adalid de la minería del carbón, Victorino Alonso, ha recibido subvenciones por más de 2.100 millones de euros, más que la mismísima Hunosa.

Aquí alguien engaña y alguien está siendo engañado. Las minas de carbón españolas, desde luego las asturleonesas, tienen que cerrase y, al mismo tiempo, emplear los fondos en recomponer la maltrecha industria asturiana y las aún más destrozadas agricultura y ganadería asturianas, no en pagar a empresarios interesados y trabajadores prejubilados.

Lo digo yo, que soy asturiano.

Eulogio López

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