• El presidente de la patronal bancaria alude a la ya famosa derrama del FGD y a las palabras de Botín: yo no tengo por qué pagar los errores de otros bancos.
  • Al mismo tiempo, Martín, en alusión a Catalunyabanc, advierte que si los bancos caídos se venden a los solventes, deben venderse rápido.
  • Y aún plantea otro interrogante: ¿quién debe pagar el rescate bancario
  • Está claro que el rescate bancario lo pagarán todos los españoles, salvo, claro está, que se recupere el dinero invertido. Pero nadie confía en ello.

Miguel Martín (en la imagen) ha lanzado la pregunta del millón: "¿Quién corre con las pérdidas de la reestructuración financiera". Durante su intervención este martes en el XX Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte y ABC, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), ha hecho alusión a la derrama del FGD para pagar las preferentes de las entidades nacionalizadas. Derrama que Botín criticó en su día: ¿Por qué tengo que pagar yo los errores de otros bancos, se preguntaba el banquero cántabro. Pero si no son las entidades, al final tendrán que pagarlo los contribuyentes... o los que invirtieron en esos productos.

Al mismo tiempo, y en clara alusión a la fallida subasta de Catalunyabanc, Martín ha advertido que si se venden entidades inviables debe hacerse rápido, "a tiempo". Lo que no ha dejado claro es qué hacemos con las que son inviables y no se han vendido a tiempo. Y otra cuestión: si no se venden, ¿no será en parte porque las entidades sanas exigen un precio demasiado bajo

De las palabras de Martín surge otro interrogante: ¿Quién paga el rescate bancario Para que nos entendamos: Europa ha concedido unos 45.000 millones de euros en créditos al 0,5% destinados a la recapitalización de las entidades en dificultades. Ese crédito tiene el aval del Estado español, esto es, de todos los españoles, y tenemos que devolverlo como cualquier crédito que pide una empresa o una familia.

Claro que si finalmente las entidades intervenidas logran devolver el dinero invertido en ellas, la cosa cambia porque el Estado -todos los contribuyentes- podrían recuperar su inversión. Lo malo es que a estas alturas nadie confía en que lo logren.

Pablo Ferrer

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