• Las entidades, tras el cabreo inicial, se han resignado a cumplir el mandato.
  • El objetivo es saber el valor real de los inmuebles.
  • Eso está bien, pero va a ralentizar la venta de las viviendas.

La gestión de los activos adjudicados por parte de las entidades financieras está siendo muy costosa. Y ahora, además, hay que sumar el requerimiento del Banco de España que, mediante la Circular 8/2012 de 21 de diciembre, insta a los bancos a obtener todo tipo de información sobre los inmuebles adjudicados.

Estamos hablando de detalles como, por ejemplo, el número de ascensores que hay en el bloque, la orientación de la vivienda, el número de armarios empotrados, si tiene terraza tendedero o si cuenta con puerta de seguridad. Así hasta 22 características.

La reacción inicial de los bancos, concretamente de sus departamentos de activos adjudicados, ha sido, primero de cabreo -al trabajo que ya tenían se ha unido esta carga burocrática que les obliga a revisar toda la base de datos- y después, de resignación.

Lo cierto es que el mandato del gobernador Luis María Linde (en la imagen) tiene un objetivo claro: conocer el valor real de cada inmueble, no ya de cara a su venta, sino también con vistas a futuras provisiones del sector.

En cualquier caso, esta carga adicional burocrática va a ralentizar la puesta en el mercado de los inmuebles. Y esto no es del todo bueno. Lo que tendría que hacer el Banco de España es obligar a las entidades a vender cuanto antes los pisos que se han quedado. Entonces sí que se pincharía definitivamente la burbuja inmobiliaria y los bancos, además, podrían dedicarse a su negocio: conceder créditos.

Mariano Tomás

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