El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (en la imagen), aprovechó su entrevista en Radio Nacional de España (jueves 21) para defender el rescate bancario español, que por ahora nos ha costado 70.000 millones de euros pero que, aunque sea demasiado pronto para hacer el cálculo definitivo, no lo duden: superará los 200.000 millones de euros. Es decir, mucho más que el conjunto de los ajustes que el Gobierno Rajoy ha impuesto a los españoles.

Y lo ha defendido asegurando que liquidar los bancos en dificultades hubiera resultado mucho más caro dejar quebrar a los bancos quebrados que salvarlos, que es lo que se ha hecho.

¿Por qué mientes, Mariano No, no hubiera resultado más caro liquidar bancos, pero sí más impopular. Veamos: si un banco quiebra, la normativa dice que, "en casi todos los países de Europa y dentro de poco de forma paneuropea, cuando se apruebe la unión bancaria", el Estado deberá abonar a pagar hasta 100.000 euros por titular.

No vale sumar todos los depósitos bancarios en el momento de la quiebra o nacionalización, porque estamos hablando de un límite máximo de 100.000 euros y, sobre todo, porque si se liquida un banco, la entidad tiene activos como para pagar la mayor parte de los depósitos.

Entonces, ¿quién paga el pato Los inversores, todo tipo de inversores, y los trabajadores, que se quedan sin empleo. Esta segunda parte no debería preocuparnos, porque las plantillas bancarias caen en picado en la banca buena y en la banca mala.

Lo primero sí que preocupa a don Mariano y por eso miente como todo un político. Ejemplo: si se aplica el modelo español, europeo y dentro de poco paneuropeo, los preferentistas españoles no cobrarían un euro, al igual que los accionistas de la entidad liquidada o, los suscriptores de deuda subordinada, etc., etc. Lo mismo que si cae una gestora de fondos de inversión o de pensiones. Insisto: hay que proteger el ahorro, no la inversión.

Y esto es el coste, de impopularidad, que no quiere asumir ningún político. Los preferentistas, en sus numerosas manifestaciones, aseguran que ellos son ahorradores. No lo son, invirtieron en títulos mobiliarios y perdieron, como todo aquel que arriesga, es decir, el inversor. Si fueron engañados -y en buena parte lo fueron-, entones no hay que acudir al dinero de todos, al Tesoro público, al Gobierno... sino a los tribunales.

Pero como ningún político se arriesga a decirle a la gente que no va a hacerse cargo de sus pérdidas, estamos donde estamos: en un país que no ha sido rescatado pero que se ha endeudado por una generación, o más, para salvar a los bancos.

Eulogio López

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