Se tendrán que ir a la calle, pero desaparece la deuda al entregar el piso

 

-El Gobierno aplazará los desahucios dos años en casos de familias y particulares con rentas muy bajas.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas normativas para reducir el gravísimo impacto que están teniendo los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social.

Hasta ahora, los particulares que no podían pagar no sólo tenían que entregar el piso, sino que también tenían que hacer frente a la deuda contraída con la entidad financiera. Luis de Guindos ha anunciado que el Gobierno pretende que puedan acogerse a la dación en pago las familias con todos sus miembros en paro, cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia y que no cuenten con ingresos suficientes para afrontar el pago de hipotecas. Se establecerán medidas cautelares para evitar el fraude.

Para los bancos, la medida no es muy gravosa. La mora hipotecaria de los particulares no es muy elevada en relación con la del resto de los países de la Comunidad Europea. No así la de los promotores inmobiliarios.

Lo que sí es importante es otra de las medidas anunciadas por De Guindos. El ministro propondrá que los desahucios se aplacen dos años para dar un "tiempo prudencial" a las personas incluidas en un "umbral de exclusión" que tendrá en cuenta las rentas de las familias.

El plazo podría incluso ser prorrogable en determinados casos en los que el propietario abonaría una renta a la entidad bancaria a la que adeuda dinero.

Tanto en la situación de dación en pago como en el del aplazamiento, se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude.

Se promoverá también la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de modo que, si se llega a ese punto, el precio de la vivienda sea lo más elevado posible. Las reformas legales incorporan también la atenuación de los intereses moratorios, donde hay un margen claro para la moderación, medida también destinada a las personas situadas bajo el umbral de exclusión.

Ambas medidas se complementan con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero, que incluiría la asunción, por la entidad de crédito, de una parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías. Se trata de establecer un mecanismo de co-participación que cubra por parte de la entidad financiera de un determinado porcentaje, debido a la deficiencia de la tasación o en la desvalorización que ha sufrido el inmueble. Este Código será de adopción voluntaria por parte de las entidades financieras, cuya adhesión se hará pública. Irá destinado igualmente a las personas con riesgo de exclusión social.

El incentivo para la adopción del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades financieras sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido. Según el Gobierno se trata de un conjunto de medidas cuyo objetivo es paliar la situación que viven tantas familias españolas en riesgo de desahucio, lo que afirman "constituye otro ejemplo de la sensibilidad de este Gobierno con los más desfavorecidos".

Sara Olivo

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