• No garantiza la libertad de conciencia de los médicos.
  • "La ley ha dividido el país en dos mitades".
  • Además, se muestra en contra de la criba genética.
  • Señala que acogiéndose al supuesto de malformaciones se está abortando a fetos con cardiopatías tratables o pies varos.
  • Muchos médicos no objetarían si pudieran establecer un proceso deliberativo con la mujer.
  • Recomiendan sustituir la palabra interrupción por terminación, pues de eso se trata: el fin de un embarazo y de una vida humana.

El Colegio de Médicos de Madrid ha dado a conocer un informe de 100 páginas en relación a la Ley del Aborto elaborada por Bibiana Aído, ex ministra socialista de Igualdad (en la imagen), y aprobada en 2010. El texto, que evita en todo momento los posicionamientos políticos, resulta demoledor en cuanto al análisis que hace de la ley aprobada por el gobierno socialista el 25 de junio del pasado año. El informe señala que las consideraciones del mismo "reflejan las opiniones más ampliamente representadas en la Comisión, recaba acuerdos y evita cuestiones e interpretaciones rechazadas por algunos de sus miembros. No aborda los aspectos polémicos sobre el principio de la vida humana, postconceptos científicos sobre las técnicas del aborto, los aspectos socioculturales que lo hacen posible y las fuentes ideológicas que lo promueven".

Manuel de Santiago, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de médicos de Madrid ha manifestado a Hispanidad que "este informe se ha aprobado hace muchos meses y por diversas circunstancias se ha dado a conocer ahora. Contempla la respuesta en general de las distintas corporaciones sanitarias a la aparición de la ley, deja constancia del debate existente en algunos aspectos concretos de la ley y particularmente enfatiza en la libertad de conciencia de los médicos". De hecho, el informe señala que "si la comunidad médica carece de instrumentos razonables y apoyos necesarios para asegurar el tipo de derecho a una objeción de conciencia, mejor parece prescindir de una ley que obligaría a autocondenarse de por vida en registros en los que figuran como malos y se segrega a los que no colaboran frente al poder legislativo".

En declaraciones a Diario Médico, Manuel de Santiago señalaba que "el contenido de los artículos 15.B) y 15.C) sobre malformaciones fetales y el papel del comité clínico, de la ley del aborto, resultan de una superficialidad legislativa y de una radicalidad ideológica sorprendente, pues a la mentalidad eugenésica que difunde a la sociedad se suma la inseguridad jurídica objetiva que deposita sobre los hombros, bien de unos médicos expertos en el diagnóstico prenatal, bien de un comité clínico, y ambos sometidos a la presión política y a la presión social, como ya se está experimentando". El documento señala que la ley cambia el sentido de la indicación eugenésica de la anterior normativa y lo amplía hasta sus límites máximos. "La sospecha diagnóstica de discapacidad extrema convierte a la vida del embrión y feto en una vida sin valor y sobre todo, sin derecho a la vida, es decir, deja de ser un bien jurídico protegido".

El informe, muy bien redactado por un equipo formado por diversos médicos, incluye frases como ésta: "no implica una posición neutral, por las razones sobreentendidas en este documento, el grave daño deontológico que impone a la profesión y a los futuros licenciados, y las reservas sobre la seguridad jurídica de los profesionales que introduce. Al elaborar la ley se han dejado de lado y se han subestimado los aspectos deontológicos y morales de los profesionales médicos a los que se exige la ejecutoria, como si tales reservas éticas no existieran o fueran irrelevantes"

Señala el informe que nunca la tradición moral y deontológica de la medicina había recibido "un embate tan radical por parte del legislador, con imposición legal del aborto libre en el marco profesional, jurídico y universitario". Señalan que tras el escándalo de las clínicas abortistas, (casos del Doctor Morín, etc.) y la relajación y el incumplimiento de la ley precedente se ha pasado una ley de plazos, a un práctico aborto libre en las primeras semanas de gestación.

El informe ha dividido el país en dos mitades, aseguran, y se señala la extraordinaria carga moral que representa un ordenamiento que exige la implicación de miles de profesionales en el proceso del aborto y de un buen número de profesores de medicina, obligados a enseñarlo a los futuros médicos.

En el informe se habla de la nítida tradición de siglos de rechazo del aborto por parte del colectivo médico. Un colectivo en el que según el informe "unos menos están dispuestos a su realización, otros dudan y otros lo rechazan en la mayor parte de los casos".

Se deduce del escrito que resulta extraño que a los médicos, acostumbrados a ayudar a traer a la vida a tantos niños, se les conmine a asumir que el aborto es un derecho de la mujer. De hecho, hay frases como éstas: "el médico puede llegar a ser un soldado al que se exige participar en una ejecución bajo pena de juicio sumarísimo".

El escrito señala que ya en el año 1.985 no se tuvo en cuenta la opinión de los médicos. Se menciona la incesante alusión institucional y mediática en torno a la igualdad de la mujer y al ejercicio de su autonomía como primer derecho en la relación entre sexos. El crecimiento de embarazos no deseados representa un profundo mal en la salud publica del Estado, ya que de acuerdo con el código de ética y deontología médica, la profesión "está al servicio de la vida humana, es decir, no está al servicio de acciones u operativas que impliquen la muerte del ser humano que es el embrión y el feto". Aunque se acepten las leyes siempre estarán supeditadas a la libertad de conciencia y la objeción es un derecho fundamental e irrenunciable.

Niegan que se dote de una mayor seguridad jurídica al médico con la ley aprobada por los socialistas. Ni los médicos ni el nasciturus están mejor que con la ley anterior. Consideran necesario, a tenor de ello, que se introduzcan unas garantías que avalen que el embarazo es un peligro para la salud psíquica y física de la embarazada. El médico está vendido. Y reclaman un mayor periodo de reflexión para la embarazada y el implante de un consentimiento informado sobre la naturaleza de la intervención y sus riesgos.

Consideran importante que en el caso de las menores se demuestre que lo hacen sin estar bajo presión de los padres ni del entorno. El informe se congratula, sin embargo, de la decisión del actual Gobierno de obligar a que se informe a los padres o tutores.

No se muestran los médicos que han elaborado el escrito, que recoge diversas posturas de Instituciones, Asociaciones, Comisiones Internacionales, etc., insensibles al drama de la masacre de niños no sólo con síndrome de Down, sino también fetos con hallazgo de labio leporino, cardiopatías tratables o pies equinos o varos.

Más de 100.000 abortos tienen lugar al año. Se plantean muchos profesionales de la medicina que están "vendidos" en el caso de abortos regales, pero recurribles a los tribunales por los errores de los diagnósticos prenatales.

Lo más grave señalan es el "divorcio entre deontología y legalidad", el dañó físico y moral que se está creando con el cambio de mentalidad de derecho al aborto desde edades precoces. Se recoge también la condición de víctima de la mujer que aborta, la persona sobre la que bascula la tremenda responsabilidad, y se minimiza la terrible presión que sufre con posibles consecuencias posteriores si esa decisión es irresponsable.

La legislación española protege a los que objetan por razones de religión, de forma taxativa, pero el Colegio de médicos quiere recalcar que existen doctores con una conciencia sensible y fuerte, que aunque, sin una fe religiosa, pueden rehusar cometer actos que les repulsan, y que de ejecutarlos afectarían a su autoestima.

Para los médicos de Madrid, se valora la objeción en el diagnóstico prenatal, cuando no se den las condiciones claras clínicas, sino un entorno profesional en el que simplemente se informe de la severidad de las malformaciones y no como causa-efecto para un aborto.

El informe se muestra muy crítico con contra del cribado genético.

Con respecto a la segunda visita, en el que la paciente ya está decidida a abortar y a la primera, proponen un modelo deliberativo con la paciente, y se señala la ambigüedad del texto en el que se habla de un proceso informativo como si se hablara de consumidores, no de pacientes. En su informe deontológico, los médicos de Madrid, justifican la persuasión moral, no la coacción. Si los médicos pueden expresar libremente su opinión ante la paciente, muchos de ellos no objetarían. La decisión de la mujer, señalan, sería más libre y contrastada.

Se sugiere sustituir la palabra Interrupción del embarazo por terminación, porque no se interrumpe éste, se termina con él "y por tanto con la vida humana".

Señalan en la página 79 que el aborto no es un derecho de la mujer, ya que no se da valor a un bien protegido como es el nasciturus, al primar la declaración de voluntad de la mujer en relación con la IVE hay que ponderar y determinar la proporcionalidad del sacrificio de la vida humana individual frente a un derecho la autonomía de la mujer. No se explican cómo se entiende que durante catorce semanas impere la voluntad de la mujer. Mantener este postulado sería incluir las IVES como un instrumento más de planificación familiar.

No es admisible, manifiestan, que un aborto se practique por un medico sin especialidad reconocida y/o bajo su dirección.

La ley de aborto, en el artículo que habla del aborto en caso de anomalías en el feto "colisiona con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas de diciembre de 2006".

Sara Olivo

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