• El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) denuncia la insuficiencia de los dos anteproyectos del sector agroalimentario y las prácticas abusivas de las grandes distribuidoras que, en ocasiones, barren para sus países de origen.
  • "Los códigos voluntarios para proteger a los agricultores y ganaderos frente a los grandes distribuidores no sirven para nada", señala Ramos. 
  • Las cinco grandes distribuidoras de alimentación perciben márgenes excesivos con respecto a lo que cobran los agricultores. Ádemás, abusan de los productos reclamo, según denuncia UPA 
  • La subida del gasoil y el precio del pienso están causando graves perjuicios a los ganaderos y agricultores. Muchos de ellos añoran los tiempos del SENPA.
  • Ante la crisis alimentaria, Ramos afirma que "la Comisión Europea vive en una burbuja".

"No han contado con nosotros. Anunciaron el anteproyecto tras el Consejo de Ministros sin que supieramos nada", afirma Lorenzo Ramos, secretario general de UPA (en la imagen). No tienen mucha fe los pequeños productores agroalimentarios en uno de los dos anteproyectos de ley diseñados por el ministro del ramo, Arias Cañete, para protegerles. Obliga a fijar los precios y por escrito y a cumplir lo pactado entre los productores y distribuidores,  y crea un código de buenas prácticas voluntario que permitirá a aquellas empresas que se suscriban a él exhibir el marchamo de "buena conducta". Se intenta conseguir que desaparezcan las diferencias tremendas entre lo que paga el consumidor final y lo que  los distribuidores han abonado a los productores agroalimentarios mediante normas de adhesión voluntaria.

Ramos, amén de cuestionar que el ministro no se haya reunido con ellos antes de anunciar el anteproyecto, pone en solfa la utilidad de prácticas que han de ser voluntarias: "Esta ley es muy necesaria, pero deberían de haberse utilizado mecanismos de obligado cumplimiento para evitar que los ciudadanos paguen a veces hasta siete veces  más de lo que se paga al agricultor, como hemos comprobado por ejemplo que ocurre a veces con las ciruleas", ha explicado.

En opinión de Ramos deberían establecerse precios de referencia. Y denuncia en declaraciones a Hispanidad las ofertas de productos reclamo como el aceite o la leche que realizan los grandes distribuidores con determinados productos para atraer a clientes, y que obligan a los agricultores y ganaderos a vender bajo pérdidas: "Es el caso por ejemplo de Carrefour, que vende la leche francesa en Francia a 95 céntimos y la leche española a 54 céntimos en España. Y así se lo hice saber y me quejé en una reunión en Budapest a un alto responsable de la firma, que me lo negaba". La gran distribuidora francesa, señala, barre para casa y no ocasiona a los ganaderos de su país el perjuicio que origina a los españoles.

Durante los últimos años, los grandes grupos de distribución de carácter multinacional han alcanzado un papel predominante en la distribución alimentaria. Según el volumen de ventas netas en 2009, Mercadona , Carrefour, Grupo Eroski, El Corte Inglés, y Auchan, fueron los cinco distribuidores más importantes. La facturación agregada de estos cinco operadores representó el 72,2% de las ventas netas de los principales grupos de distribución alimentaria en 2009 según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. De los cinco grandes, sólo tres son españoles.

Ramos, que ha alertado del peligro de que se despueble el mundo rural si no se toman medidas, advierte de los graves problemas a los que se enfrentan los pequeños productores agroalimentarios. "No puede ser que nos obliguen a vender con pérdidas. Debería protegerse a los agricultores españoles y obligar a que un porcentaje de los productos que se vendan sean de la zona, así como rebajar los impuestos. Evitar las subastas a ciegas de las cooperativas, las ventas a pérdidas y no traer leche de fuera. Necesitamos controles y organismos sancionadores", ha afirmado. Los problemas más graves a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos son la subida del pienso, la soja, el gasoil y los fertilizantes.

Las cinco distribuidoras, que tienen, según el Ministerio de Agricultura un control sobre el 40% de la oferta, están en situación de ejercer coacción sobre las 989.000 empresas agrarias que existen en España: "O me lo vendes a este precio o no te compro, es así de sencillo", resume Lorenzo Ramos. Por ello, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores valora positivamente el otro anteproyecto destinado a  acabar con la excesiva atomización de las cooperativas agroalimentarias. "Si concentramos más la oferta podremos tener más fuerza", ha señalado.  

Uno de los grandes problemas son las prácticas que consideran "abusivas, si no delictivas, como los descuentos que se aplican a frutas y verduras pequeñas o con ligeros defectos, que supuestamente deben destinarse a otros usos  y que luego te los encuentras en las bandejas de los expositores de los supermercados", ha explicado.

En opinión de UPA, el ministro Arias Cañete no carece de buenas intenciones, pero su ministerio abarca desmasiadas áreas: medio ambiente, pesca, alimentación… "No tiene tiempo de ocuparse de tantos asuntos".

Añoran los agricultores los años setenta o incluso los anteriores a la transición, cuando se fijaban unos precios mínimos mediante el SENPA y se almacenaba el pienso en silos que podrían ser utilizados "para alimentar al ganado sin machacar a los ganaderos" en tiempos de carestía, así como a la población."Han desaparecido casi las ayudas de la Unión Europea. El 70% de la renta procede del mercado, y entre las grandes empresas de distribución se están llevando el beneficio", ha denunciado Ramos.

"Habrá que cambiar leyes, las políticas de los últimos diez o doce años no han funcionado", afirma Ramos, quien indica que hay que avanzar en las negociaciones con Bruselas para evitar que ganen terreno terceros países. Para él, "mientras, se siguen aplicando acuerdos bilaterales con Marruecos, no se protege a los productores europeos. Las cuotas lácteas van a desaparecer, así como los derechos de viñedos". Además, señala que no es lo mismo el campo que una fábrica de tornillos, y la liberalización absoluta es imposible: "Tiene que haber mecanismos de regulación". "La Comisión Europea, -afirma- parece que vive en una burbuja sin saber lo que se avecina". El campo se está desmantelando, un problema muy grave cuando una crisis alimentaria mundial está al acecho.

Sara Olivo

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