• Habla de una financiación de 61.386 millones de euros pero los españoles pagarán mucho más.
  • Por de pronto, no computa el coste de intereses ni el sobrecoste para la deuda pública.
  • Y olvida el posible extra, en caso de victoria judicial de los tenedores de productos híbridos.
  • Encima, minimiza el regalo de los esquemas de protección de activos (35.000 millones de euros).
  • Y del coste del banco malo-SAREB... ni una palabra.
  • En cualquier caso, si los inversores privados, no quieren comprar un banco quebrado, ¿por qué lo hace el Estado
  • El problema es que los salvadores de banca –casi toda la clase política occidental- actúan como si la banca fuera un producto de primera necesidad.

Al final de la mañana del lunes 2 se nos ha despachado el Banco de España con una "Nota informativa sobre las ayudas financieras públicas en el proceso de recapitalización del sistema bancario español (2009-2013)".

 Al final, nos sirve de poco para saber las ayudas reales otorgadas al sector financiero con motivo de la crisis y, lo que es más importante, el coste que suponen esas ayudas.

Esto es así porque, como la misma nota explica, no se han incluido otros conceptos de ayuda, en concreto cinco, y porque, además, una cosa son las ayudas y otra su coste que unas veces es pronto para evaluar y otras se obvia.

El BE, cuyo gobernador es Luis María Linde (en la imagen) nos cuenta que el Estado ha suscrito 61.386 millones de euros (poco más de 10 billones de las viejas pesetas) para la banca en crisis. Es posible que no todo se pierda: que haya entidades que rembolsen las cantidades percibidas, aunque sea parcialmente, o que haya inversores que adquieran títulos de capital de las entidades auxiliadas, pagando aunque sólo sea una parte de lo que desembolsó el Estado. El coste no sería sólo ese, sino que, además, habría que sumar, como mínimo, los intereses que se han estado pagando, y se pagarán, en la deuda pública que se emitió para poder suscribir estos títulos de capital. No hablo ya del lucro cesante como compensación del riesgo que debería haber recibido el Estado: no bastaría con calcular los intereses que ha desembolsado sino los que debería haber recibido por asumir una inversión de tan elevado riesgo.

De tan elevado riesgo, los partidarios de la intervención pública nos dirán, con su teoría acerca de los fallos de mercado, que para estas cosas está el Estado: para asumir inversiones necesarias que el sector privado no está dispuesto a asumir... y contra eso es contra lo que nos rebelamos en Hispanidad. Si no tiene sentido económico para el sector privado sostener entidades financieras, no se nos alcanza a ver porque lo va a tener para el público. Que estamos hablando de banca, no de bienes o servicios de primera necesidad.

Reconoce el BdE que ha habido pérdidas que ha asumido el sector privado suscribiendo títulos de capital de algunas entidades en dificultades. No nos interesa este aspecto: sabrán las entidades que han querido asumir estos riesgos de auxiliar a otras por qué lo han hecho. Y si se equivocan sólo pedimos que asuman las consecuencias de sus actos.  Sin  embargo, si nos parece relevante, para entender el conjunto del quebranto para el contribuyente y el pequeño inversor, que hubiera estimado el importe de las pérdidas que han asumido los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada en los denominados ejercicios de gestión de híbridos. La gestión de híbridos es el eufemismo de los canjes obligatorios que ha impuesto el FROB a dichos tenedores en las entidades bajo su tutela. Nos interesa el volumen de estas pérdidas en tanto que, estando como está la comercialización de dichos instrumentos híbridos bajo sospecha en tribunales y cortes de arbitraje, la restitución a los inversores de sus capitales puede llegar a elevar cuantiosamente las ayudas del Estado.

Luego está el tema de los avales a las emisiones privadas de las entidades. Presume la nota del supervisor del ingreso que conllevan estos avales para el Tesoro "gracias a la comisión cobrada a los beneficiarios", pero obvia lo que han encarecido dichos avales el coste de financiación del Estado. Los mercados, como cualquier prestamista, computan los avales que prestas en tu endeudamiento a la hora de establecer el riesgo, y consiguiente coste, que te van a solicitar. La nota, como empieza a recopilar datos en 2009, no habla de los avales que se prestaron por parte del antecesor del FROB, el FAAF o Fondo de Adquisición de Activos Financieros.

Sí nos cuenta la nota que el Estado ha prestado apoyos en forma de compromiso de recompra de activos dañados a las entidades por 35.681 millones de euros (casi 6 billones de pesetas), los famosos Esquemas de Protección de Activos o EPA, y que se calculan ya perdidos 6.501 millón de euros (más de 1 billón de pesetas). Sin embargo obvia, de nuevo, que un EPA eleva, como compromiso financiero que es, el coste de tu financiación, de toda tu financiación.

Por último, la participación en la SAREB la cita. Nos dice que existe y punto. Pero insistimos, además del importe invertido y lo que se pueda recuperar del mismo, está, insistimos, cuánto ha costado en términos de elevación de la prima de riesgo y durante cuantos años sobre todo el volumen de deuda en circulación.

En fin una nota que informa de algunas cosas, que nos remite a otras fuentes para completar la información pero que evita, aunque haya cuestiones que de momento sólo podamos estimar, realizar un estudio completo del coste de la restructuración bancaria. Eso lo deja a los historiadores.

Conclusión: hay que dejar quebrar a los bancos quebrados. Pagar a los depositantes un máximo de 100.000 euros y liquidarlos (en ese orden).

Rodrigo de Silos

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