Portugal necesita también hacer recortes y los hace. El Plan Estratégico de Transportes que se aprobará esta semana se plantea una renegociación de contratos que implicaría paralizar siete tramos de construcción. El Ejecutivo portugués ya no piensa en elecciones, sino en sacar a la economía adelante, aunque las medidas sean duras para las empresas y para los ciudadanos, que tendrán que pagar por usar las autopistas que hasta ahora eran gratuitas.
La rebaja en los compromisos de pago afectará a también a las constructoras españolas, que ya tiemblan ante la medida. La más comprometida es ACS, cuyos pagos aplazados ascienden a 4.200 millones de euros. Nada tiene que envidiarle Ferrovial, que se juega 4.000 millones de euros. Por su parte, los compromisos con Sacyr se elevan a 2.000 millones y los de FCC a 1.700 millones de euros.
Rodrigo Martín
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