The Economist especula sobre el futuro de la pena de muerte en Estados Unidos. El político al que le apeteciese la presidencia y que protegiese la pena capital, descaminaba sus posibilidades de alcanzar sus objetivos. El caso más célebre fue el de Michael Dukakis; en 1988, al entonces gobernador de Massachusetts, en un lucha televisada con el candidato republicano, George Bush padre, le preguntó, en el hipotético caso de que forzaran y estrangularan a su esposa, ¿aceptaría la pena de muerte contra el violador y asesino En lugar de sumarse a la postura popular, dijo que no. Aquella madrugada quedó descolgado de su contrincante.

La predisposición está cambiando; Martin O'Malley, gobernador de Maryland, muestra una palmaria oposición a la pena capital y está acrecentando su popularidad y tiene posibilidades de estar en la carrera presidencial del año 2016. Recientemente cinco estados han abolido la pena de muerte. Ya son diecisiete los que la han eliminado de sus legislaciones.

La alternativa como la cadena perpetua revisable, va siendo aceptada por los ciudadanos, que ya no ven la pena de muerte como la mejor solución.

Por otra parte, la inyección letal con la que se elimina a muchos condenados a la pena capital, puede provocar un gigantesco sufrimiento en la agonía final, contrariamente a lo que aseveran los protectores de la pena de muerte, según el estudio difundido por "Human Rights Watch".  

Estados Unidos y China encabezan el ranking de los países con más condenas a muerte. Han sido ejecutadas más de 2.000 ocupantes del corredor de la muerte en 22 países y juzgadas más de 5.000 personas, según comunica Amnistía Internacional.  

Se mantiene la pena de muerte en casi todos los nuevos Estados del continente africano, en los países árabes y en Rusia.

Los detractores de este correctivo aseveran que es inhumano y que supone trocar al Gobierno en ejecutor, impidiendo subsanar deslices judiciales, que cuando se originan, son irreparables.

En algunos de los países desarrollados, se ha excluido de sus legislaciones la pena de muerte. Japón, sin embargo, no sólo se opone a seguir el ejemplo, sino que ha reavivado la pena capital con los ahorcamientos, una práctica cruel y medieval para una nación avanzada y tecnológica como es el Imperio del Sol Naciente.

Por último, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que pedía, a todos los países del mundo, prohibir la pena de muerte, proteger la dignidad y los derechos inalienables de toda persona humana, en todos los momentos de su existencia, desde la concepción hasta la muerte natural.

Clemente Ferrer
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