• El organismo sostiene que los impuestos indirectos son más equitativos para una "distribución justa de la carga impositiva" y para "dar prioridad al empleo".
  • Recaudar más, argumenta, con los impuestos sobre el trabajo afecta negativamente al crecimiento y al empleo.
  • También pone peros a la tarifa plana de los 100 euros porque no estimula la contratación a largo plazo.
  • Sobre el IVA, recuerda que esa tasa es "una de las más limitadas de las economías de los países desarrollados".
  • También propone la supresión definitiva la desgravación por la compra de vivienda (a las anteriores a 2013) y endurecer la fiscalidad de las SICAV.
  • Mejora las previsiones de crecimiento, pero Gurría pide al Gobierno que no baje la guardia en las reformas porque "hay que asegurar la recuperación".
  • Lagarde (FMI) se apunta al 'bombardeo' y asegura que España es el único país europeo que progresa gracias a las reformas estructurales.

El informe sobre España de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene una de cal y otra de arena, como siempre en este tipo de informes. Ha revisado al alza, por un lado, las previsiones de crecimiento (sitúa el PIB en el 1,2% y el 1,6% para este año y el próximo) y empleo, pero plantea un correctivo a Cristóbal Montoro con su reforma fiscal. En la misma línea que lo que recomendó al Gobierno el comité de expertos, señala que "se podría hacer más para dar prioridad al empleo y mantener una distribución justa de la carga impositiva". En otras palabras, más impuestos indirectos y menos directos.

Tanto el secretario general de la organización, Ángel Gurría (en la imagen junto a De Guindos), como la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, se muestran confiados con los frutos de las reformas económicas emprendidas en España -la economía ha vuelto a crecer, aunque esa mejoría se notará más los dos próximos años-, pero piden que al Gobierno que no baje la guardia en ese rumbo reformista. "Toca mirar hacia adelante y asegurar la recuperación", ha dicho Gurría. Le acompañaba en el acto el ministro de Economía, Luis de Guindos, que se ha apresurado a contestar que España ha tomado muchas medidas, tanto en materia fiscal como para reducir la factura que pagan los empresarios por sus empleados. Lagarde, por su parte, ha dicho a la emisora francesa Radio Classique, que España es único país de la eurozona donde verdaderamente se aprecian progresos a la hora de acometer reformas estructurales.

El organismo considera que la reforma fiscal de Montoro se ampara en gran medida, para recaudar más, en los impuestos sobre el trabajo -lo que afecta negativamente al crecimiento, por la vía del consumo, y en consecuencia al empleo- y no en los impuestos indirectos. Por eso sería mejor no apoyarse tanto en el IRPF como en los impuestos indirectos, lo que sería más equitativo. Con relación a las cotizaciones sociales de las empresas, ídem del lienzo. El núcleo de una futura reforma tributaria debería contemplar una reducción permanente en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social centrada en aquellos trabajadores con menor retribución. Es en ese segmento en el que hay que estimular la oferta de empleo.

También pone peros a la tarifa plana de los 100 euros puesta en marcha en marzo. Sostiene que "si bien el impuesto se ha reducido de forma general, la tarifa plana es regresiva e implica un impuesto mayor para los trabajadores con baja retribución" y, además, duda que esas medidas estimulen la contratación a largo plazo.

Sobre el IVA, la OCDE recuerda que, a pesar de la ampliación de 2012, ese impuesto en España continúa como "uno de los más limitados de las economías de los países desarrollados". Añade que "desde un punto de vista económico, la mejor opción sería aplicar el tipo normal del IVA a la base impositiva más amplia posible".

La OCDE destaca las propuestas con las que se ha incentivado el ahorro a medio plazo, pero advierte que el Gobierno debería aumentar el control de esos incentivos porque "suelen beneficiar a los hogares con rentas más altas". También apunta que España debería eliminar la deducción fiscal por pagos hipotecarios no sólo para los comprar piso desde 2013, sino para los que los compraron antes de esa año. El organismo calcula podría suponer un coste para las arcas públicas de 1.800 millones de euros en 2014, además de beneficiar únicamente a un grupo de hogares.

Sobre las SICAV, la OCDC pide al Gobierno que revise, como ha solicitados a otros países europeos, el tratamiento de estos instrumentos de inversión colectiva, que tributan por el impuesto sobre sociedades a un tipo de tan solo el 1%, así como reforzar los controles para garantizar que este instrumento no se utilice para eludir el pago de impuestos.

Mariano Tomás

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