Presiones para que venda acciones a provincias argentinas o amenaza de intervención

 

Hoy, el diario argentino Clarín informa de que la embajada española en Buenos Aires sigue preocupada por el futuro de YPF -propiedad de la española Repsol-. Según Clarín, la embajada española cree que el Gobierno argentino quiere que Repsol venda acciones o, si no, retomar la idea de una intervención, algo que se esperaba que la presidenta Cristina Fernández anunciara hace una semana, pero que suspendió por las llamadas del Rey Juan Carlos I de España.

Según Clarín, la posibilidad de que Repsol ceda una parte del paquete accionarial de YPF es comentada entre los técnicos de las provincias. De hecho, el periódico informa de que la petrolera YPF estuvo presente en las conversaciones entre el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. Y, "además de verse con Buzzi, De Vido estuvo ayer con el gobernador mendocino, Francisco Pérez, y con el de Río Negro, Alberto Weretilneck. Los técnicos de las provincias creen que el comprador puede ser ANSeS y hasta se ilusionan con que puede haber acciones para las provincias petroleras. "Eso quiso decir (Daniel) Peralta, el gobernador de Santa Cruz, cuando habló".

"La intervención estatal en YPF también podría ser el preludio para el ingreso de un accionista bendecido por el Gobierno argentino. Allí aparece el nombre de Buzzi como posible interventor. El patagónico encabeza la ofensiva contra YPF. Su provincia depende de las regalías de Pan American Energy (PAE), que es de la familia Bulgheroni", señala Clarín.

Según Clarín al Gobierno español también le llegaron versiones de otros planes del Gobierno argentino, que incluyen un nuevo grupo empresarial "amigo" (como fueron los Eskenazi en su momento). Algunos ejecutivos ya están en carrera para hacerse con 1.000 millones de dólares y comprar un 10% de YPF, cuyo valor de mercado hoy es de 10.600 millones de dólares. "Compran con el precio de crisis, cuando se certifique el shale gas, la acción va a subir mucho", especulan esos hombres de negocios citados por el periódico argentino.

"Una operación motorizada por ANSeS -prosigue Clarín- podría implicar que tanto Repsol como grupo Petersen bajen su participación accionarial en YPF. Los españoles tienen un 57,4% y los Eskenazi, un 25,5%. El Gobierno estudia una licuación de esas proporciones y una posterior ampliación de capital, en la que entraría a tallar el grupo empresario que sigue con atención la caída de YPF en Wall Street".

Para Clarín, "el gobierno español hace gestiones por Repsol, pero en el gobernante Partido Popular la relación con la firma no es la misma ahora que cuando mandaba Alfonso Cortina. En Repsol dijeron que no hay preocupación si no reciben el mes próximo 600 millones de dólares previstos para dentro de un mes".

Por su parte, La Nación dice que "la pelea entre el Gobierno e YPF está lejos de concluir". La petrolera anunció ayer que recurrió a la Justicia en contra de una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que impugnó la reciente reunión de directorio de la compañía.

En su resolución -añade este medio-, la CNV había declarado "irregulares e ineficaces" las conclusiones y decisiones que se adoptaron en la reunión de directorio de YPF del 23 de febrero pasado. A juicio del regulador, no "aparece justificada" la decisión de la petrolera de impedir la participación en la reunión de directorio de tres funcionarios nacionales que no ocupan formalmente sillas en ese órgano de dirección.

El día de la reunión -prosigue La Nación- de directorio, Roberto Baratta -único director puesto por el Gobierno- y el síndico suplente del Estado, Gustavo Mazzoni, se presentaron en la sede de YPF junto al secretario de Política Económica y viceministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens. Los funcionarios solicitaron, sin éxito, participar en la reunión y rechazaron la oferta de mantener un encuentro con el presidente de YPF, el español Antonio Brufau.

La petrolera ha argumentado que "en aras de preservar la necesaria reserva y confidencialidad de las deliberaciones y decisiones de un directorio, sólo están habilitados a participar los miembros de éste que han sido elegidos por los accionistas".

José Ángel Gutiérrez

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