• El Anteproyecto del nuevo Código Penal permite más capacidad de decisión al propio interesado.
  • Sólo en los casos en los que el juez aprecie una absoluta falta de capacidad para decidir, se podrá proceder a la esterilización forzosa.
  • Ahora somos más eugenésicos que la mismísima ONU.
  • De cualquier forma, la vergüenza de la eugenesia seguirá vigente en España.

En julio, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pidió al ministro Ruiz Gallardón (en la imagen durante dicha reunión), que eliminará la esterilización forzosa, y utilizaron como argumento que la ONU pedía derogar el artículo del Código Penal que la permite. Ahora, casi de carrerilla en el Consejo de Ministros, y sin dejar muy claro el asunto ni en la comparecencia ante los periodistas, ni en la referencia escrita del Consejo de Ministros, Ruiz Gallardón ha señalado que, atendiendo a las obligaciones contraídas con el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada por España en abril de 2008, y también porque es una "petición permanente del Cermi sobre la protección penal de las personas con discapacidad", se modifica el artículo 25 del Código Penal. Y se modifica con el fin de hacer uso de una "terminología adecuada a la Convencion de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". En la actualidad, el artículo 25 utiliza términos como "incapaz", que a partir de ahora pasarán a ser "discapacidad" o "persona discapacitada necesitada de especial protección".

Gallardón ha señalado que "desaparece el concepto de discapacidad, y sólo en supuestos en los que el juez aprecie una absoluta falta de capacidad para dar el consentimiento correpondiente, se podrá proceder" a la esterilización forzosa. De esta forma, se reconduce a la vía civil el tratamiento de la esterilización de las personas discapacitadas.

Asimismo, la despenalización de la esterilización de las personas que carezcan de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo autorización penal y en un proceso con las máximas garantías.

El tiempo dirá si con el desarrollo de la Ley y las modificaciones que se introduzcan en el Parlamento, quedará todo como una reformita o bien se abrirá la mano para conceder lo que piden las asociaciones de discapacitados como Cermi, que no es otra cosa que lo ya exige la ONU: "Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para lograr que las personas con discapacidad estén en iguales condiciones que las demás a fin de asegurar que [...] se respete (su) derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener" y a que "mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás (personas)"

Sara Olivo
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