• Magdalena Álvarez tendrá que volver a declarar como imputada en el caso de los ERE.
  • Esperanza Aguirre tendrá que hacerlo como testigo en la trama Gürtel.
  • La Fiscalía Anticorrupción pide la citación de Barberá y Camps en el caso Nóos.
  • Y un juez ratifica la imputación de Juan José Güemes y Manuel Lamela por delitos de cohecho y prevaricación en la externalización de la sanidad madrileña.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha vuelto a citar a declarar, el próximo 7 de noviembre, a Magdalena Álvarez (en la imagen), exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento en el Gobierno de Zapatero.

Será la segunda vez que Álvarez declare en este asunto, pues la primera fue el pasado 8 de octubre, y tras ello, la magistrada le imputó los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial de Sevilla revocó parcialmente el auto que imputaba a Álvarez y ordenó a Alaya concretar los hechos que le atribuía.

Por su parte, la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, también tendrá que acudir a declarar, pero como testigo, ya que ha sido llamada por el juez Pablo Ruz, encargado del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, para aclarar su papel en la contratación de una empresa vinculada a esta trama liderada por Francisco Correa.

A estas políticas que acudirán al banquillo se podrían unir en breve la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, pues la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del caso Nóos, José Castro, su declaración como testigos. El sindicato Manos Limpias ya pidió dicha comparecencia para que Barberá y Camps aclarasen su participación en las negociaciones del convenio de los Valencia Summit y en el acuerdo para organizar unos Juegos Europeos que no llegaron a realizarse.

Pero la lista de políticos que tienen que acudir al banquillo no acaba ahí, ya que los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes y Manuel Lamela, han visto cómo el juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado su imputación por presuntos delitos de cohecho y prevaricación en la primera época de la externalización sanitaria en Madrid.

Cristina Martín

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