Los socialistas llevaron a cabo dos amnistías fiscales en 1984 y 1991, con los entonces ministros de Economía, Miguel Boyer y Carlos Solchaga

El PSOE presenta este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía fiscal dictada por el Gobierno, que permite la regularización de su situación fiscal mediante el pago de un 10% de los bienes descubiertos voluntariamente cuando las rentas son superiores a 100.000 euros. Al mismo tiempo, el PSOE presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión cautelar de la amnistía fiscal.
El propio partido socialista sentó dos precedentes muy importantes que han servido al PP para aprobar una amnistía fiscal con la que pretende hacer aflorar 25.000 millones de dinero negro y 2.500 de recaudación.  De aquellos polvos, tenemos estos lodos. Miguel Boyer en 1984 y Carlos Solchaga en 1991 aprobaron dos sendas amnistías fiscales bajo argumentos similares a los del PP, y aquello sí fueron amnistías, como ha señalado el propio Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete.
La concedida por Boyer, también llamada de los pagarés negros, permitía que los defraudadores, salvaguardando su anonimato, pudieran cambiar su capital por pagarés del Tesoro. Aquella discutible medida le costó el puesto al entonces secretario de Estado de Hacienda, José Víctor Sevilla, hermano de Jordi Sevilla, que se opuso frontalmente a la medida de gracia contra los defaudadores. Fue sustituido por Josep Borrell.
No habían transcurrido ni siete años cuando Carlos Solchaga, en el segundo semestre de 1991, ofreció  a los suscriptores una regularización mediante dos opciones, cambiar los pagarés del Tesoro por deuda pública especial del Estado con un tipo de interés muy bajo, o realizar declaraciones complementarias. Fue un tremendo fracaso. 
El PSOE no tiene fuerza moral para protestar contra la amnistía fiscal del Gobierno, ni para realizar proclamas contra una medida que, a su juicio "vulnera gravemente la esencia del deber constitucional de contribuir al mantenimiento de las cargas públicas y provoca una quiebra profunda de los principios de progresividad e igualdad en el pago de tributos.
Tiene razón cuando señala que la amnistía fiscal vulnera principios fundamentales como el de generalidad -los que se acojan habrán sido exonerados del deber de contribuir-,  el de igualdad -ciudadanos con las mismas situaciones son sometidos a regímenes distintos- y el de capacidad económica, porque exime a los contribuyentes con mayor capacidad económica y hasta el de progresividad por establecer el pago único del 10%. Sin embargo, se le ha olvidado algo muy importante: este no es el momento para luchas demagógicas por parte de un partido que inauguró las amnistías fiscales y puso alfombra roja a los defraudadores hace veinte años en el más amplio sentido de la palabra.

Sara Olivo

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