- Deloitte cambió las cifras en Bankia tras recibir "recomendaciones", según declaró al juez la exconsejera Araceli Mora
- El Tesoro de EEUU tacha la gestión de Blesa en el City de "inviable"
- El interés de AT&T por Telefónica aviva las fusiones entre las 'telecos'
- Iberia y sus pilotos chocan otra vez en el convenio colectivo
- RTVE gasta en personal casi el triple que las dos televisiones privadas
- El Banco de España quiere hacer un test de estrés a la banca en otoño
- La Generalitat podrá apartar a Renfe del servicio de Cercanías
- Los inversores huyen de los fondos garantizados y se refugian en los monetarios y la deuda
- El Gobierno blinda la recaudación del IVA en ventas de inmuebles
- Las pymes pagan el doble que las grandes empresas por el crédito
- Siete etarras huidos se exhiben de vinos en un bar del sur de Francia
- Pérez de los Cobos será el nuevo presidente del Constitucional
- Mas comienza a formar a los «embajadores» catalanes
- La adopción abierta, antes de final de año
La lamentable noticia del día es que la Agencia Tributaria ha admitido que a la hora de entregar al juez del caso Nóos, José Castro, un informe sobre las propiedades de la Infanta Cristina no validó la información llegada de "terceros" que aludía a la supuesta venta de 13 fincas. La Agencia Tributaria ha aclarado que la contestación al juzgado se ha atenido a los estrictos términos de la petición de los datos efectuada por el magistrado, comunicando los datos aportados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por "terceros", sin que hayan sido objeto de "valoración jurídico tributaria".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que desconoce el informe de la Agencia Tributaria en relación con las propiedades de la Infanta Cristina, y añadió que habrá que ofrecer explicaciones "en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error". Pero es todo tan raro que PSOE e IU pidieron ayer la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda para que aclare la "fiabilidad y veracidad" del informe de la Agencia Tributaria. En concreto, el portavoz de IU, José Luis Centella, solicitó a Montoro que explique las "contradicciones" entre el informe de la Agencia aportado al juez y "los desmentidos sobre su contenido realizados por fuentes de la Casa Real".

En lo económico, el mismo Montoro aseguró ayer que el segundo trimestre del año "puede ser un momento de clara inflexión en la evolución económica" que, dijo, "en términos intertrimestrales está tocando fondo". "Estamos saliendo de la crisis", afirmó el ministro, que aseguró que "no se volverá a gravar el consumo de carburantes", pero que se estudian posibles medidas "en otros bienes y servicios con externalidades negativas".

Así las cosas, el supuesto sobreprecio que Caja Madrid pagó en abril del año 2008 por su filial en Florida ha llevado a su entonces presidente, Miguel Blesa, a prisión sin posibilidad de fianza. Aunque lo cierto es que no fue el único que consideró adecuada esta cantidad. Además del consejo de la entidad, que la aprobó sin fisuras, también la consultora KPMG coincidiría meses después con el monto desembolsado. Así consta en un informe encargado por Caja Madrid y remitido por la firma el 3 de febrero de 2009, casi un año después del cierre de la compra, que desvela una valoración del grupo de 1.103 millones de dólares, una cifra muy similar a los 1.117 millones de dólares abonados por Caja Madrid. El documento, al que ha tenido acceso ABC, recoge las conclusiones de un trabajo de asignación de las plusvalías latentes, a noviembre de 2008, entre los distintos elementos del City National Bank de Florida («Purchase Price Allocation»), un procedimiento habitual después de una operación de estas características, según explican fuentes financieras. El escrito fue remitido a Rafael Porras, exdirector financiero de participadas de Caja Madrid.

Deloitte cambió las cifras en Bankia tras recibir "recomendaciones", según declaró al juez la exconsejera Araceli Mora, según El Mundo.

El Tesoro de EEUU tacha la gestión de Blesa en el City de "inviable". En un duro informe dice además que el equipo directivo no estaba “a la altura", recoge El Economista.

Telefónica desmintió ayer la existencia de contactos para una oferta amistosa de la estadounidense AT&T o la toma de participaciones por otros inversores. En una nota enviada a los supervisores del mercado bursátil de España y EEUU, la compañía comunicó que "no ha recibido ninguna aproximación, ni ninguna indicación de interés escrita, ni verbal, de nadie". En ese contexto, el interés de AT&T por Telefónica aviva las fusiones entre las 'telecos', según Expansión.

Las negociaciones sobre el convenio colectivo de los pilotos de Iberia han vuelto a enfrentar al colectivo de más de un millar de profesionales con la dirección de la aerolínea. El sindicato Sepla defiende que la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas siga estando cerrada a pilotos de British Airways y Vueling, ambas aliadas de Iberia en el holding IAG. El punto ha reabierto el conflicto y el propio presidente de la compañía, Antonio Vázquez, llamó ayer al diálogo para evitar posibles huelgas en los aeropuertos españoles en la presente temporada de verano, apunta Cinco Días. 

RTVE gasta en personal casi el triple que las dos televisiones privadas. Dedica a salarios el 41% de los impuestos, destaca El Economista.

El Banco de España quiere hacer un test de estrés a la banca en otoño, asegura Expansión.

La gesticulación política ha llevado primero a la Generalitat a amenazar con no renovar a Renfe como prestadora del servicio de Cercanías en Barcelona; la imposibilidad, al menos a corto plazo, de llevar tal amenaza a la práctica llevó ayer al Govern y al Ministerio de Fomento a renovar el contrato programa por el cual la compañía española seguirá prestando el servicio al menos hasta diciembre de 2015. La posibilidad de revocar el servicio, total o por líneas, en caso de incumplimiento, inversiones por valor de 165 millones de euros, la creación de nuevos núcleos de Cercanías en Girona, Tarragona y Lleida —que pagará la Generalitat—, así como nuevos requisitos para la mejora del servicio son los compromisos que ha logrado arrancar la Generalitat al Gobierno, según ABC. También lo publica La Vanguardia.

Los inversores huyen de los fondos garantizados y se refugian en los monetarios y la deuda, apunta El Economista.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de avalar en una reciente sentencia el régimen especial de IVA que se aplica en España en los procesos concursales. La legislación vigente establece que cuando una empresa entra en concurso de acreedores y vende un inmueble, es la parte compradora la que, excepcionalmente, debe ingresar el IVA de la operación. Y ello con independencia de que la compraventa se produzca en las etapas iniciales del concurso o en la fase final de liquidación. Con esta fórmula –denominada inver-sión del sujeto pasivo–, Hacienda se asegura el abono del impuesto y evita posibles impagos. Empresas y fiscalistas entendían que esta regla era contraria al Derecho comunitario y defendían que la inversión del sujeto pasivo solo era aplicable cuando una compañía concursada se encontraba en la fase de liquidación, pero nunca antes. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha dado la razón a la interpretación de Hacienda, lo que supone despejar la incertidumbre sobre el ingreso de millones de euros y blindar el cobro del IVA, cuenta Cinco Días.

La Comisión Europea presentará antes de la próxima cumbre de la Unión Europea del 27 y el 28 de junio un plan para facilitar la concesión de créditos a las pymes, anunció ayer el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, en el Parlamento Europeo. En ese contexto, Europa asiste con cierta impotencia a la fragmentación de su mercado financiero, a un dato machaconamente repetido para el que no ha funcionado hasta ahora la estrategia del Banco Central Europeo (BCE): los países del sur pagan por el dinero prestado casi el doble de intereses que los del norte. Pero dentro de la propia España la crisis ha abierto una fractura fenomenal entre las grandes empresas y las pymes, que aportan la mayor parte del empleo. El coste de los créditos de hasta un millón de euros, que son los que suelen pedir las pymes, más que duplica el de los préstamos superiores al millón de euros, propios de las grandes compañías, según los datos más recientes recopilados por el BCE, correspondientes a abril, destaca El País.

Siete etarras huidos se exhiben de vinos en un bar del sur de Francia. El sur de Francia parece ser el nuevo refugio de ex miembros de ETA huidos de la Justicia. O, mejor dicho, un paraíso en el que poder quedar con antiguos compañeros para hablar, pasearse por el puerto y hasta irse de bares. Eso es lo que se desprende de un nuevo vídeo colgado en la web del Colectivo de Exiliados Políticos Vascos (EIPK, por sus siglas en vasco), en el que aparecen siete prófugos de ETA, todos ellos con requisitorias pendientes de la Justicia por diferentes delitos, cuenta La Razón.

Pérez de los Cobos será el nuevo presidente del Constitucional, señala La Razón.  

La Generalitat ha creado su diplomacia propia, bautizada como Diplocat, con el objetivo de representar los intereses de Cataluña por el mundo. Si bien su apuesta inicial era utilizar «voluntarios» para ayudar al gobierno catalán a explicar en el extranjero el proceso soberanista así como buscar adeptos para la causa, también apuesta por formar a su propio personal experto en relaciones internacionales. Diplocat ha puesto en marcha una convocatoria, dotada de 100.000 euros, para becar a tres estudiantes que quieran realizar estudios internacionales de postgrado. La partida para apoyar a los que bien pueden acabar como «embajadores» catalanes sale del presupuesto de este organismo, según reza el artículo 3 de la convocatoria publicado ayer en el Diario Oficial de la Generalitat (Dogc), recoge La Razón.

La reforma de la Ley del Menor que regulará en España la adopción abierta estará lista antes de que acabe el año, según ha podido saber LA RAZÓN. España se igualaría así a otros países como Reino Unido o Estados Unidos, que ya incluyen este tipo de adopción en su legislación desde 2005 y 2009 respectivamente. El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad busca con el anteproyecto de ley evitar que los procesos de acogimiento estén judicializados. Este cambio legislativo serviría para acabar con las «guerras» judiciales en materia de adopción.

Al menos 30.000 estudiantes universitarios (un 2,3% del total) corren riesgo de ser expulsados de los campus españoles por no poder pagar las matrículas. Esta es otra de las consecuencias de la crisis y los recortes. Las universidades han perdido más de 1.240 millones de euros desde 2008 y en paralelo han aumentado las tasas —hasta 540 euros más de media en primera matrícula—, y se han concedido menos becas al endurecerse los requisitos académicos —del 5,5 de nota media ahora se pide un 6,5—. Y ello en un momento en que la crisis se está cebando con muchos hogares y más estudiantes necesitan ayuda para poder estudiar, explica El País.

José Ángel Gutiérrez
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