En el día en que se preparaba el "asedio al Congreso" por grupos antisistema, provocaban perplejidad las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, sobre los acosos que sufren en la puerta misma de sus domicilios los políticos del PP.
Según Moliner, si no hay violencia estos hechos serían legítimos. Lo que sucede es que esa violencia está en la misma forma en que se producen estos acosos: con insultos, amenazas, limitación de movimientos y presión sobre las familias y vecinos de estos políticos.
Parece que el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial olvida que la coacción a un diputado para que cambie el sentido de su voto, que es el objeto de los acosos de la llamada plataforma anti-desahucios, supone un atentado contra la soberanía popular que se expresa en las urnas y no en las algaradas callejeras.
Esperemos que estas declaraciones no den carta blanca a cuantas protestas se quieran organizar sin necesidad de respetar la ley.
Se acentuaría la percepción de impunidad generalizada que se extiende por la sociedad, impulsada por declaraciones como las de Moliner, a las que se une la decisión del Juzgado de Torrelavega que desestima la denuncia presentada por el alcalde de esta ciudad cántabra tras el asedio a su domicilio.
Jesús Martínez Madrid
