- El ministro de Justicia espera que Ricart no salga de prisión y dice que el Gobierno ha actuado en los casos en que ha podido
- Sobre la rapidez en la excarcelación, Gallardón ha explicado que hay doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que dice que las causas con presos deben tramitarse de manera prioritaria
- Y sobre el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana: "Tenemos que garantizar también los derechos y libertades de aquellos que se sienten agredidos por conductas que son contrarias al orden público, que es lo que va a realizar esta ley"
- Ángel Expósito (tertuliano COPE), sobre la excarcelación de asesinos y etarras: "Me pongo en el lugar de los padres de Anabel Segura y de la madre de Olga Sangrador y me imagino lo que deben estar pasado y me pongo en su lugar y no sé lo que yo haría"
- Esther Palomera (tertuliana COPE): "Pese a que hayan cumplido su condena, el Ministerio del Interior tiene instrumentos legales para vigilar los pasos"
- José Antich (tertuliano COPE): "Que el Estado de derecho no disponga de mecanismos para protegerse y tenga que dejar libre a personas que son, fehacientemente, a partir de los informes, peligrosos, esto causa un gran trastorno a la gente"
- Pilar Gómez  (tertuliana Onda Cero): "Nos habían dicho que se podía ver caso a caso; así que si el Estado quiere, algo más se puede hacer"
- José Antonio Gómez Marín (tertuliano Onda Cero): "La responsabilidad se reparte a partes iguales entre los dos grandes partidos mayoritarios de este país, que han tenido muchos años para meter en el código penal el procedimiento y no lo han hecho"
- Javier Caraballo (tertuliano Onda Cero): "Es importante ahora no alarmar a la población y exigir que no se actúe con ligereza por parte de jueces y fiscales"
- José Oneto (tertuliano Onda Cero): "Creo que se podía haber hecho mucho más"
En Onda Cero, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, era preguntado por la renuncia del secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, a su escaño en el Senado por su desacuerdo con el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que incluye entre los vocales al magistrado Francisco Gerardo Martínez Tristán, que forma parte del tribunal que debe pronunciarse sobre la privatización de la sanidad madrileña: "Es un ejercicio de veto en razón de un interés estrictamente político y que casa mal con el respeto que se tiene que tener en un Estado de derecho por las resoluciones de los jueces".

Sobre la excarcelación de asesinos y terroristas por la abolición de la doctrina Parot, y los homenajes a alguno de los terroristas, el ministro de Justicia ha dicho: "Es indignante y aberrante. Desde el punto de vista del Gobierno hay indicios racionales de criminalidad en esa conducta. Y esa es la razón por la que, a través del delegado del Gobierno en el País Vasco, hemos dado traslado a la Fiscalía para que estudiando estos asuntos, si entiende -como entiende el Gobierno- que estos hechos indiciariamente son constitutivos de delito, inicie las acciones penales correspondientes". "Es una situación que a todos los españoles nos produce dolor, indignación y temor. Y esa es la razón por la que hemos puesto en marcha -y en semana y media se va a haber en el congreso- de que hayamos puesto en marcha una profunda reforma de nuestro código penal. Esa es la razón por la que introducimos la prisión permanente revisable en España, porque hasta el día de hoy los únicos que han tenido un dolor permanente son las víctimas. Y sin embargo, caducaba la responsabilidad de los autores de los delitos. Y eso tiene que ser modificado".

Gallardón desea que la Audiencia Provincial de Valencia siga el criterio de la Abogacía del Estado y no decrete la excarcelación del único condenado por el asesinato de las niñas de Alcàsser, Miguel Ricart, en prisión en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real). Y ha confiado en que, a la hora de aplicar a Ricart la sentencia del Tribunal Estrasburgo contra la 'doctrina Parot', los jueces entiendan que hay una diferenciación a la hora de poner en práctica esta doctrina a partir de 2006.

Preguntado si el Gobierno no podía haber actuado de manera similar para evitar la excarcelación de otros criminales, el ministro ha asegurado que la Abogacía del Estado lo ha hecho en todos los casos en los que ha podido. Según él, de esa manera se cumple el compromiso de que no habría aplicación generalizada de la sentencia de Estrasburgo, sino que sus efectos se estudiarían caso por caso. Gallardón ha asegurado que al Gobierno, como a los ciudadanos, le "duele" la sentencia y la excarcelación de terroristas y criminales, pero ha recalcado que no hay más remedio que aplicarla.

Es más, ha subrayado que "en un momento en que hay otros riesgos para España", un Estado de Derecho no puede "declararse insumiso" respecto a los que deciden los tribunales internacionales, que son los amparan la legalidad y la "integridad territorial".

El ministro ha justificado también la rapidez con la que las Audiencias Provinciales han decretado las excarcelaciones --más de 60 terroristas y criminales en un mes--, argumentando que hay doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que dice que las causas con presos deben tramitarse de manera prioritaria, y "es lo que están haciendo, con mucho dolor, los jueces españoles".

Acerca del anteproyecto de ley de Protección Ciudadana, el ministro ha afirmado que "es un proyecto que todavía no ha firmado el Gobierno y que previsiblemente lo vamos a estudiar en el próximo Consejo de Ministros. Es un proyecto que está encadenado con la reforma del Código Penal. No es tanto un problema de aumentar o disminuir la gravedad de una sanción", "lo que hemos hecho es sacar del Código penal aquellas faltas que exigían un procedimiento con juez, con secretario, fiscal, abogado y procurador, que no tenían justificación, que no se tramitasen por una vía de carácter administrativo". "Y pasa a la ley de Seguridad Ciudadana conductas que antes estaban en el Código Penal, con sanciones semejantes. Lo que ocurre es que se utiliza la vía gubernativa, si el ciudadano no está conforme puede recurrir esa sanción, en lugar de la vía judicial. Es algo que ocurre en todos los países de nuestro entorno y que va a aumentar la agilidad y el funcionamiento de la actitud que tiene que tener permanentemente el Estado de salvaguardar la seguridad". "Tenemos que garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, pero tenemos que garantizar también los derechos y libertades de aquellos que se sienten agredidos por conductas que son contrarias al orden público, que es lo que va a realizar esta ley".

Preguntado que por qué a los jueces no los eligen los jueces, como había prometido el PP en su programa electoral, ha respondido: "Cuando llegamos nos encontramos con un sistema en el que los vocales eran elegidos por el Parlamento no entre las propuestas que les hacían todos los jueces sino las que hacían solamente las asociaciones judiciales. Eso significaba que el 50% de la carrera, la mitad de los 5.000 jueces y magistrados españoles que no están afiliados a ninguna asociación, se quedaban fuera del Consejo", "y después, se quedaban fuera de los tribunales de justicia, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional. Esa situación había que corregirla". "Lo que hemos hecho es sumar dos legitimidades. La legitimidad primero que aportan los propios jueces, que son los que tienen que avalar a los precandidatos, ya no solo las asociaciones sino un número de compañeros; y, en segundo lugar, la intervención del Parlamento. Es verdad que este segundo punto no lo llevábamos en el programa electoral y es verdad que hemos modificado ese criterio. Por qué: para buscar que el 93% de la cámara haya aprobado el órgano de Gobierno de los jueces"; "y el Parlamento, porque es el titular de la soberanía", "porque el Artículo 1 de nuestra Constitución dice que del pueblo español emanan todos los poderes del Estado", "la justicia se ejerce en nombre del pueblo español, que es su auténtico titular". "Creo que con esta fórmula hemos sumado esas dos legitimidades y lo que hemos alcanzado es un extraordinario acuerdo parlamentario".

Gallardón ha insistido en esa idea: "El titular de la soberanía es el pueblo español, y la puede ejercer directa o indirectamente". Y en que "desde el ejercicio del Gobierno observamos algunos defectos graves de funcionamiento del sistema anterior".

Para el ministro de Justicia, "lo que exige la independencia de los tres poderes del Estado es que un juez, a la hora de juzgar, no tenga ningún tipo de presión ni de condicionamiento y que aplique la ley que democráticamente se ha aprobado por el Parlamento, y eso es lo que garantiza este sistema. Creo que se está confundiendo lo que es un tribunal de Justicia, que debe ser siempre independiente, con lo que es un órgano de Gobierno. Y ese órgano de Gobierno tiene funciones administrativas, que no jurisdiccionales".

Ángel Expósito (tertuliano COPE), sobre la excarcelación de asesinos: "Me pongo en el lugar de los padres de Anabel Segura, y de la madre de Olga Sangrador y me imagino lo que deben estar pasado y me pongo en su lugar y no sé lo que yo haría"

En la COPE, los tertulianos analizaban las últimas excarcelaciones de terroristas, asesinos y violadores por culpa de la abolición de la doctrina Parot. Ángel Expósito comentaba: "He tenido varias discusiones en tertulias y en programas con colegas hablando del carácter tranquilizador o docente que debemos tener los periodistas u opinadores y en este caso ni periodista ni jurista ni político: me pongo en el lugar de los padres de esta chica, de Anabel Segura, y de la madre de Olga Sangrador y me imagino lo que deben estar pasado. Y me pongo en su lugar y no sé lo que yo haría".  

Esther Palomera (tertuliana COPE): "Pese a que hayan cumplido su condena, el Ministerio del Interior tiene instrumentos legales para vigilar los pasos"

La también tertuliana de la COPE Esther Palomera explicaba: "Es verdad que el agravante entre estos personajes desalmados que están saliendo y que ayer vimos en todas las imágenes de los telediarios y los etarras, aunque todas las salidas nos producen la misma náusea, es verdad que hoy es remota la posibilidad de que un etarra vuelva a matar. Porque depende de la orden de un superior de la organización terrorista. Sin embargo, en el caso de estos personajes, es su propia voluntad. De muchos de ellos ya han dicho los servicios penitenciarios que no están en condiciones de afrontar una vida normal en la sociedad y que probablemente vuelvan a delinquir. Y esto produce si cabe mayor desazón. Y aunque es verdad que es la ley y que hay que cumplirla, también hay que estar muy vigilantes, porque pese a que hayan cumplido su condena y su pena el Ministerio del Interior tiene instrumentos legales para vigilar los pasos". "Hay fórmulas".

José Antich (tertuliano COPE): "Que el Estado de derecho no disponga de mecanismos para protegerse y tenga que dejar libre a personas que son, fehacientemente, a partir de los informes, peligrosos, esto causa un gran trastorno a la gente"

José Antich, en la misma emisora, apuntaba que "el loco del chándal (en Cataluña) está siendo seguido por los Mossos, se ha asegurado con el apoyo de la Fiscalía un tipo de seguimiento, pero también es verdad que es una persona que está libre y que en teoría goza de todos los derechos. Pero estamos asistiendo a unas semanas muy dolorosas, incluso los que pretendemos entender la doctrina Parot y el uso que está haciendo el Gobierno de la aplicación de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, cada vez que vemos una imagen de un terrorista o violadores, gente cuyos informes de las cárceles dicen que son presos peligrosos y que pueden volver a delinquir en cualquier momento, que el Estado de derecho no disponga de mecanismos para protegerse y tenga que dejar libre a personas que son, fehacientemente, a partir de los informes, peligrosos, esto causa un gran trastorno a la gente".

Pilar Gómez  (tertuliana Onda Cero): "Nos habían dicho que se podía ver caso a caso; así que si el Estado quiere, algo más se puede hacer"

En Onda Cero, los tertulianos analizaban las últimas excarcelaciones de terroristas -y sus recibimientos como héroes en sus pueblos-, asesinos y violadores por culpa de la abolición de la doctrina Parot. Pilar Gómez comentaba que las fiestas de bienvenida a etarras "son un delito y el presidente del Gobierno, se comprometió ayer, la Fiscalía tendría que actuar. Hay que recordar que ayer, la abogacía del Estado, en el caso de Miguel Ricart, dijo que se puede estudiar, nos habían dicho que se podía ver caso a caso. Así que si el Estado quiere, algo más se puede hacer".

José Antonio Gómez Marín (tertuliano Onda Cero): "La responsabilidad se reparte a partes iguales entre los dos grandes partidos mayoritarios de este país, que han tenido muchos años para meter en el código penal el procedimiento y no lo han hecho"

José Antonio Gómez Marín, también en Onda Cero, se mostraba "convencido de que la responsabilidad se reparte a partes iguales entre los dos grandes partidos mayoritarios de este país, que han tenido muchos años para meter en el código penal el procedimiento y no lo han hecho".

Javier Caraballo (tertuliano Onda Cero): "Es importante ahora no alarmar a la población y exigir que no se actúe con ligereza por parte de jueces y fiscales"

Javier Caraballo, en la misma emisora, señalaba que "estamos pagando un error cometido durante tiempo por los partidos políticos españoles y es importante ahora por una parte no alarmar a la población y exigir que no se actúe con ligereza por parte de jueces y fiscales".

José Oneto (tertuliano Onda Cero): "Creo que se podía haber hecho mucho más"

El también tertuliano de Onda Cero José Oneto afirmaba que "Estrasburgo discute la retroactividad. En el caso de Ricart, está claro que Estrasburgo no se carga la doctrina Parot, Estrasburgo insiste en la retroactividad, que es ilegal. Creo que se podía haber hecho mucho más".

José Ángel Gutiérrez
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