Sr. Director:

La conspiración es el título de una reciente película histórica, dirigida por Robert Redford, ambientada en la guerra civil de secesión norteamericana en 1865, con motivo del magnicidio de Abraham Lincoln, y el proceso judicial militar contra las ocho personas detenidas, acusadas como cómplices y de conspiración para matar al presidente, vicepresidente y el secretario de Estado.

 

De entre ellas destaca la dueña de una pensión en donde se reunían el autor del asesinato y sus cómplices, y hay que subrayar la defensa que desarrolla su abogado para demostrar su inocencia y la falta de pruebas en su acusación. Es todo un tratado de derecho constitucional y ciencia política, que disfrutarán los juristas, y se contraponen los deseos de venganza por los poderes del Estado de querer dar una lección ejemplarizante mediante la pena de la horca -recuerda el 11 S-, y la lucha por la justicia, ante un juicio politizado e injusto, y los derechos de cualquier ciudadano, aún en tiempos de guerra, la primacía de la Constitución, el Estado de derecho y la separación de poderes, ya que de contrario nos abocaría a una tiranía.

Salvando las distancias, quiero encontrar en el anterior relato cierto paralelismo con el Anteproyecto de Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal que quiere impulsar el Gobierno. Antes que nada quiero hacer la observación, para que no se me malinterprete, que estoy en contra del fraude fiscal, como no podría ser de otra forma. Y ante la constatación de que éste existe -supone el 23% del PIB, unos 70.000 millones de euros- el Gobierno ha decidido endurecer la legislación, como única forma para paliarlo, en unos momentos en los que las arcas públicas están más que vacías, y es imperioso recaudar a toda costa. Pero es preocupante que la Agencia Tributaria incremente aún más de forma discrecional sus prerrogativas, arrogándose competencias hasta ahora reservadas a los jueces, y por el contrario se reducen las garantías jurídicas de los contribuyentes. El hecho de limitar la disponibilidad de pagos en efectivo hasta 2.500 euros a empresarios y profesionales, me parece una intromisión inaceptable en las relaciones comerciales de los particulares de dudosa constitucionalidad.



Espero que este anteproyecto se suavice en su tramitación parlamentaria, en defensa de los derechos  constitucionales de los ciudadanos, porque parece más propio de un gobierno socialista e intervencionista, con cierto aire inquisitorial, que de un gobierno liberal. 

De tal forma que en los procesos de delito fiscal se adoptan medidas cautelares y embargos por la Administración Tributaria, sin control judicial, con unas multas exorbitantes y desproporcionadas, incluso para supuestos tan genéricos y abstractos como "escasa disposición de colaborar". Se elevan más allá de lo razonable las penas y multas para los contribuyentes, limitándose su defensa, todo para lograr un efecto disuasorio en el fraude fiscal, conculcando los principios básicos del Estado de derecho.  

Javier Pereda Pereda