La reducción de velocidad a 110 kilómetros por hora colma la paciencia de los españoles 

Ahora someten a revisión todas las prohibiciones del Gobierno. La única norma del gobierno Zapatero parece ser: pague y obedezca.
Ha sido un estallido. Pacífico, desde luego, pero masivo e inequívoco. Es como la gota que ha colmado el vaso. El Consejo de ministros del viernes 25 decidió que la velocidad máxima para circular por autopistas y autovías es de 110 kilómetros por hora. El portavoz del Ejecutivo, Rubalcaba, alegó dos razones: la tontuna del ahorro de energía y, cómo no, nuestra seguridad.

Es el progresismo liberticida que ha llevado a que, en el siglo XXI, las dictaduras se impongan en nombre de nuestra salud y de nuestra seguridad. Lógico, en un Occidente descristianizado, con poca fe y menos esperanza, el peor de los males es la debilidad, que se expresa en el dolor y la enfermedad, y la muerte, pues si no confiamos en Cristo y su promesa de vida eterna, nos enfrentamos a la nada. Pero los entrevistados por los medios de comunicación no están dispuestos a aceptar más prohibiciones: el que quiere ahorrar energía que la ahorre pero que no me obligue a ello.

Es lógico. En una autovía la velocidad normal supera los 120 kilómetros por hora y se sitúa en los 130, ese ritmo en que, con los automóviles actuales, se conduce con cierta seguridad y se puede reaccionar ante un imprevisto en una vía con dos carriles por sentido. En definitiva, lo que impone el sentido común en una autovía son los 120-130 kilómetros por hora, no los 110. De otra forma, ¿para qué construir autopistas y para qué vender coches que pueden correr a 300? Los españoles conducimos hoy, no pendientes de cumplir las incumplibles normas, sino pendientes de que no nos pille el radar.

Hasta el momento, los ciudadanos habían aceptado normas prohibitivas de un Gobierno que, al parecer, está empeñado en que prohibirlo todo menos copular y librarse de las consecuencias de la cópula, que no sólo es el niño sino el compromiso entre los copulante varón y el copulante hembra.

Por eso, tras la emisión de la norma el viernes, los españoles se replantean otras muchas cosas, como la prohibición de fumar, los toros, la salud obligatoria y otras muchas sanciones. Dicho de otra forma, con su progresía liberticida, el Ejecutivo ha conseguido que los españoles empiecen a apreciar más la libertad que la seguridad, lo cual es verdaderamente determinante y puede tener consecuencias sociales y electorales.

En resumen, el mensaje que la ciudadanía lanza al Gobierno es: que el Estado deje de velar por si seguridad y vele por mi libertad, incluida mi libertad de vivir inseguro.

Especialmente, cuando esta obsesión por prohibir coincide con un aumento de  la delincuencia, que es precisamente, lo único que el Gobierno debe reprimir: los atentados contra la libertad individual. Ahora bien, en esa tarea primordial, el mencionado Rubalcaba, vicepresidente y ministro del Interior, lo único que hace es mentir: asegura (al igual que la Fiscalía, la largo mano del mismo Gobierno, que ha alcanzado con Cándido Conde-Pumpido el acabose de la politización) que los delitos disminuyen, cuando todo el mundo que tenga ojos u oídos, ve que lo que sucede en la calles españolas es justamente lo contrario.

Y como es natural, surge la sospecha de que con la reducción de velocidad lo único que pretende el Gobierno es recaudar. Y así es: el único objetivo de la progresía, además de cercenar la libertad, consiste en recaudar, que supone más poder para los políticos. El lema del progresismo sería este: pague y obedezca. El progresismo violenta el Estado de Derecho que tanto pregona: considera que el Estado de Derecho no es aquel que defiende los derechos individuales sino el que los condiciona, conculca y limita mediante el Boletín Oficial del Estado. El Zapaterismo ha acogido lo peor de los neocon y se ha dejado lo mejor: ha decretado que la verdad no existe, por tanto, tampoco la moralidad, pero se dedica a prohibir todo a todos, eso sí, con la legitimidad del Estado de Derecho, es decir, con el BOE.

Y, de rondón, se cuela en la ciudadanía otra idea de lo más salutífera: la de que el Gobierno impone mientras la Iglesia propone. La religión fomenta la libertad, la libertad de los hijos de Dios, mientras la política la cercena.

Eulogio López

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