Sin embargo, Fernando de Rosa no ha dicho nada sobre la dación en pago

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha expuesto la necesidad de reformar la ley hipotecaria. Como ya hicieran seis jueces en un informe solicitado por el propio CGPJ, que llegó mucho más lejos al proponer que las ayudas a la banca fueran transferidas a los hipotecados, Fernando de Rosa ha denunciado que la actual ley hipotecaria está creando una serie de disfunciones que son las causantes del creciente número de desahucios en nuestro país.

Las declaraciones del vicepresidente del CGPJ se han producido durante la inauguración de las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España en las que, durante tres días, los jueces debatirán temas como el de las ejecuciones hipotecarias. Fernando de Rosa ha manifestado que las conclusiones sobre los desahucios y su problemática social serán elevadas después al Ministerio de Justicia, al Congreso y al Senado.

El aumento de desahucios, según recogen los informes fruto de las inspecciones del CGPJ, obedece a que "los juzgados civiles no pueden hacer otra cosa que basarse en la legislación actual", ha declarado Fernando de Rosa.

Los juzgados que ordenan los desahucios se están convirtiendo en instrumentos de cobro de los bancos. Día a día aumentan los procedimientos de ejecución que terminan en subasta y adjudicación de sus viviendas por un precio muy inferior al de compra, "con el consiguiente riesgo de exclusión social" para estas familias, como señalaba el mencionado informe de los 6 jueces encargado por el CGPJ y coordinado por Manuel Almenarque. En él se criticaba la llamada "dacioncita", el RD Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, denominado "Código de Buenas Prácticas". Lo cierto es que, a pesar de las buenas intenciones que inspiran estas soluciones y de los medios puestos a disposición de la ciudadanía, sobre todo a través del arbitraje, no se ha alcanzado el resultado perseguido, fundamentalmente por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que sólo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, pueda acogerse a dichos beneficios.

En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. El problema preocupa al Gobierno. De hecho, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, anunció que pretende llegar a un acuerdo con el PSOE para estudiar medidas destinadas "a paliar la situación que están viviendo" miles de familias en riesgo de exclusión social.

Sara Olivo
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