Una imagen de Don Juan Carlos fue publicada. Bill Clinton y el príncipe Carlos de Inglaterra, a ambos lados del monarca.
Los tres, como reclamo publicitario. Este es el mensaje de la empresa canadiense: la infidelidad a través de Internet.
Esta publicidad exterior estuvo exhibida hasta que el Ayuntamiento conminó a la empresa que solicitó la licencia a que retirara el anuncio. Fuentes del consistorio afirmaron que atentaba flagrantemente contra la Ley General de la Publicidad y advertía que «no tolerará que se dañe la dignidad de las personas o de las instituciones públicas».
Por otra parte, Fernando Simón Yarza, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, afirmó que «La libertad de expresión no es ilimitada, ni siquiera con un cargo público. El Rey suele protegerse más institucional que judicialmente. Un ciudadano sí interpondría una demanda».
En el artículo 491, del Código Penal, se contempla la imposición de multas a quien utilice la imagen del Rey o de la Familia Real «de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona. «Esta representación del Rey sería un delito público y las acciones las emprendería la Audiencia Nacional», recuerda Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense. Asimismo, subraya: «Los personajes públicos deben tener un nivel de tolerancia mayor a los ataques al honor. Creo que legalmente, no hay nada que hacer. No me parece delictivo». De Esteban tampoco apuesta por una respuesta de la Casa Real: «No creo que haga nada, pero el Ayuntamiento es responsable del escándalo».
La empresa canadiense lanzó otra acción publicitaria emitida por La Sexta. El spot fue rechazado desde un primer momento por Telecinco y Cuatro, y, finalmente, por Antena 3. La empresa ha alquilado la fachada en Gran Vía durante una semana, por lo que, si se tiene en cuenta su afán de protagonismo, cabe la posibilidad de un nuevo escándalo.
Clemente Ferrer
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