- Repsol encarga dos barcos en Galicia por valor de 60 millones
- Inditex, la empresa preferida por los jóvenes españoles para trabajar
- Caixabank abrirá una oficina en Nueva York
- Evo Banco y Popular pujan por oficinas de Catalunya Banc
- Santander cede el 50% de su negocio de custodia a Pincus
- Antonio Cobo (GM): "Opel creará más de mil empleos en España en 2015"
- EasyJet ultima un plan para abrir rutas en España en 2015
- FCC y Bankia venderán la filial francesa de Realia
- Pastor destina 2.000 millones a mejorar la seguridad del AVE
- Soria encarga un último informe para decidir si cierra el Castor
- El déficit de gas se duplicará este año, hasta lo 650 millones
- EEUU temió que echar a Grecia dejara también a España fuera de la Unión Europea
- La compra y reforma del palacio de Cibeles costó 500 millones
- El Comité de Bioética de España respalda la reforma de la ley del aborto del Gobierno
- Ballesteros admite que dio el chivatazo "siguiendo órdenes"
Noticia de última hora. Al menos 201 personas murieron ayer y 80 resultaron heridas por la explosión, seguida de un incendio, en una mina de carbón en la localidad turca de Manisa (Turquía), si bien se teme que el número de muertos ascienda en las próximas horas. En el momento de la explosión había 787 mineros dentro, de los cuales 363 lograron salir, según apuntó el ministro de Energía, Taner Yildiz. "Nos enfrentamos a una situación grave", dijo el ministro, quien admitió su preocupación por que el número de muertos aumente. La explosión tuvo lugar a 200 metros de profundidad, pero a una distancia de dos kilómetros desde la boca de la mina.

La prensa recoge hoy que el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo dictaminó ayer que cualquier ciudadano puede pedir que sean borrados los datos que se mantienen almacenados en los servidores de grandes buscadores como Google si se consideran perjudicados por ello. En la sentencia, el Tribunal señala que una persona puede pedir que se retiren enlaces a una información porque desea que "se olvide después de un cierto tiempo", y señala que "con el tiempo incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede llegar a ser incompatible" con la directiva de protección de datos cuando éstos "se revelen inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido".

Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sancionó ayer con 30 millones de euros a España por el retraso registrado en la recuperación de las ayudas públicas ilegales concedidas en el marco del régimen fiscal denominado vacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales en la década de los 90. La sanción de Bruselas determina la "tardanza" en la recuperación de las ayudas tras un procedimiento que en 2001 resolvió su ilegalidad y en 2006 la ratificó.

Por otra parte, el Tesoro Público colocó ayer en los mercados 5.000 millones de euros en un bono a 10 años ligado a la inflación, según informó el Ministerio de Economía. La demanda alcanzó los 20.300 millones de euros en la primera emisión del programa de títulos indexados a la inflación. Estos títulos, con vencimiento el 30 de noviembre de 2024 y un cupón real del 1,80% lograron una rentabilidad del 1,835%, ligeramente por debajo de la referencia del bono italiano. Con vencimiento en septiembre de 2024.

Así las cosas, el Gobierno cuestiona la política de retribuciones del presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, y su consejo de administración. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no votó a favor por primera vez de la política de retribuciones en la junta de accionistas del pasado viernes, pese a ser el primer accionista con un 20%. Su abstención se produjo tras semanas de alta tensión en el Gobierno con el presidente de Red Eléctrica por este capítulo, según aseguraron a este diario fuentes gubernamentales. En la junta se sometió a votación el reparto de 2,5 millones por parte del consejo de administración en 2013 y transformar en fija toda la retribución variable que cobran hasta ahora. También estudiar bonus a largo plazo para la dirección. La reacción de Folgado a esta polémica ha sido la de donar un 25% de sus ingresos de 2013 a "cursos de formación de personal de la empresa", según desvelaron ayer a EL MUNDO fuentes de la empresa. El presidente de REE no facilitó tal información personal durante la junta de accionistas.

Imaz diseñará el plan estratégico de Repsol. Brufau encarga al nuevo consejero delegado la hoja de ruta de la petrolera que se presentará en la primavera de 2015, informa El Economista. Esto lo publicó Hispanidad el 2 de mayo. 

Repsol ha abierto el proceso para adjudicar dos barcos gaseros a los astilleros gallegos. La petrolera presidida por Antonio Brufau necesita dos naves para transportar Gas Licuado de Petróleo (GLP) y ya ha contactado con varias navieras para iniciar su construcción por 60 millones y con la condición de que se fabriquen en España. El plazo para que las navieras interesadas presenten sus ofertas finaliza el próximo 23 de mayo, según explican a EL MUNDO fuentes del sector naval. Las tres candidatas a hacerse con la construcción de los buques son Ibaizabal, Knutsen y Elcano, tres compañías con experiencia en el trabajo con centros de producción españoles. Las mismas fuentes explican que parte del trabajo podría recaer sobre los astilleros públicos de Navantia.  

Cuando un universitario acaba la carrera llega el momento de decidir dónde quiere trabajar. La realidad del mercado laboral puede llevarles a sitios muy lejanos a sus preferencias, pero si pudieran elegir, Inditex y Google serían claramente sus empleadores favoritos. Así lo asegura la consultora sueca Universum en su estudio anual Empleadores ideales, que adelanta CincoDías. El informe recoge la opinión de más de 16.000 estudiantes españoles, realizado en cooperación con la firma de capital humano PeopleMatters.  

Luz verde de la Reserva Federal (Fed) norteamericana a Caixabank. El banco que preside Isidro Fainé tiene desde ayer la autorización de la autoridad financiera norteamericana para abrir una oficina de representación en Nueva York, casi un año después de haber tramitado la petición ante la institución que preside Janet Yellen. Una oficina que actuará como enlace entre la sede del grupo financiero en Barcelona y sus clientes en Estados Unidos, o con intereses en el país. Con esta oficina -que al ser de representación no cuenta con ficha bancaria, lo que significa que la entidad no puede ni captar depósitos ni dar créditos en el país-, la entidad española tiene previsto realizar análisis de mercados para sus clientes, dar soporte a su comercio exterior, y asesoramiento en lo que se refiere a la mejora de servicios de préstamos, así como funciones de back-office. También avalará a sus clientes ante entidades financieras del país en el caso, por ejemplo, de solicitud de préstamos, dice ABC.   

Evo Banco, filial española de Apollo, y Banco Popular han presentado sendas ofertas no vinculantes para la compra de la red de oficinas de Catalunya Banc fuera de Cataluña. El FROB espera resolver la venta a finales de este mes. Esta red está compuesta ahora por 196 sucursales, pero varias fuentes aseguran que ante la falta de rentabilidad y de interés por gran parte de ellas, se procederá al cierre de más de la mitad, con lo que se venderán unas 80. Evo, mientras, ha cerrado su organigrama con el fichaje de Jaime Carvajal como presidente, afirma Cinco Días.

Santander cede el 50% de su negocio de custodia a Pincus, cuenta Expansión.  

Antonio Cobo (GM): "Opel creará más de mil empleos en España en 2015", en Expansión.

EasyJet se une al club de aerolíneas que retomarán sus planes de crecimiento en España en los próximos meses. La línea aérea de bajo coste británica seguirá la senda de otras compañías como Iberia y Ryanair y reforzará su oferta en el mercado nacional, donde el tráfico comienza a recuperarse gracias al tirón del turismo. "España es uno de nuestros principales mercados y ya teníamos pensado crecer en el año 2015 pero, ahora, con la congelación tarifaria que ha anunciado Aena, estamos viendo que más podemos hacer", asegura Javier Gándara, director general de easyJet para España y Portugal, en Expansión.  

FCC y Bankia venderán la filial francesa de Realia, según Expansión. 

la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, decretó ayer el embargo de seis bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes de la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez con el objetivo de cubrir la fianza civil de 29,5 millones de euros que le impuso en marzo. Así, el juzgado ordenó el embargo de cuatro viviendas localizadas en Málaga, Madrid, Benalmádena y Sevilla y un local comercial en Madrid y otra propiedad en Estepona, mientras que cuatro de las cuentas corrientes están en entidades españolas y otra en Luxemburgo. La medida de Alaya también incluye el embargo telemático de sus saldos bancarios y de cualquier posible devolución tributaria. En ese contexto, Ana Pastor destina 2.000 millones a mejorar la seguridad del AVE, indica El Economista.

Soria encarga un último informe para decidir si cierra el Castor, señala El Economista.

El déficit de gas se duplicará este año, hasta lo 650 millones, apunta El Economista.

EEUU temió que echar a Grecia dejara también a España fuera de la Unión Europea. El exsecretario del Tesoro vio a Europa como el segundo Lehman Brothers. En su libro sobre la crisis se posiciona contra la austeridad y proclama la bondad del rescate financiero, recoge La Vanguardia. 

El traslado de la sede del Ayuntamiento de Madrid desde la plaza de la Villa, con 300 años de historia, al Palacio de Telecomunicaciones, en la plaza de Cibeles, fue una de las decisiones más costosas, en términos políticos y económicos, del entonces alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El Ayuntamiento obtuvo el edificio del Estado a cambio de inmuebles valorados en 360 millones de euros. Luego acometió una reforma que se inició con un presupuesto de 80 millones y se elevó finalmente, según reveló Gallardón en 2011, a 126 millones. Sin embargo, según un documento oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS, el coste definitivo de la reforma fue de 138 millones, es decir, un 10% superior a lo admitido por Gallardón en 2011. Así, la operación completa rozó los 500 millones.

Tras más de cinco meses de negociación, el Comité de Bioética de España ha hilvanado un informe en el que respalda la reforma de la ley del aborto del Gobierno. Lo ha hecho con amplia mayoría, con solo tres votos en contra de los doce miembros que forman la institución, según ha podido saber ABC. El Comité de Bioética era una de las 29 instituciones a las que el Ministerio de Justicia había solicitado un texto con alegaciones al texto del anteproyecto. En esa lista están, entre otros organismos, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Organización Médico Colegial, -que ya se ha pronunciado-, los colegios de Enfermería, así como colectivos feministas y abortistas. También lo publica La Razón.  

La Fiscalía defendió ayer en el Tribunal Supremo que no hubo colaboración con ETA en el chivatazo del exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamíés, y del inspector José María Ballesteros en el caso Faisán. El fiscal Antonio Barranco apuntó que la conducta de los policías no fue la de favorecer los fines de ETA, sino "todo lo contrario, es decir, acabar con ella a través del proceso de paz". "Es erróneo decir que ha habido colaboración, se trata de ayudar al proceso de paz así que la conducta no era de colaboración y la intencionalidad no era la de servir a los intereses de la banda sino una conducta para acabar con la actividad terrorista", apuntó. En ese contexto, la defensa del inspector Ballesteros asumió ante el Supremo que fue él quien entregó en el bar Faisán el móvil desde el que Pamiés dio el chivatazo, y lo hizo, alegó, cumpliendo las órdenes de su superior, sin saber que estaba participando en un soplo a ETA, refleja El Mundo.  

El Gobierno de CiU, que impulsa la independencia de Cataluña, ha puesto en circulación un folleto en el que invita a los ciudadanos a facilitar voluntariamente a la Agencia Tributaria catalana los datos del IRPF que declaran a la Hacienda estatal. Con ellos, la Generalitat pretende elaborar un censo de contribuyentes que sirva al proyecto de una Hacienda propia consensuado en 2012 entre el presidente Artur Mas y su socio ERC. La Agencia Tributaria de Cataluña que promueve la Generalitat empezó ayer a recopilar los datos fiscales de los ciudadanos catalanes, coincidiendo con el arranque de la atención personalizada para la campaña estatal de la renta de este año, explica El País.  

José Ángel Gutiérrez
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