• El Gobierno crea dos anteproyectos, uno de ellos pretende acabar con la excesiva atomización de las cooperativas agroalimentarias.
  • Como en banca, el Gobierno Rajoy considera que las fusiones son la solución para todos.
  • Se limitarán las prácticas comerciales abusivas por parte de los distribuidores, por ejemplo, fijando los precios por escrito.
  • Se creará un código de buenas prácticas mercantiles, con un registro estatal de los operadores adheridos voluntariamente.
  • Tales medidas son insuficientes en un país donde las diferencias de precio entre lo que se paga a los agricultores y lo que se cobra a los consumidores son demasiado elevadas.
  • Se establece un régimen sancionador y se tipifican las infracciones y sanciones para, por ejemplo, aquellos distribuidores que, por ejemplo, no paguen los precios pactados, como ocurre actualmente de forma usual.

Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete (ambos en la imagen) han comparecido ante la prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta de los dos nuevos anteproyectos destinados a proteger a los pequeños productores del sector agroalimentario. Se crea la figura de "Entidad Asociativa Prioritaria" de ámbito supraautonómico que articula un Plan Nacional de Integración Cooperativa y amplía los fines y actividades de las cooperativas. 

Según ha señalado Arias Cañete, las cooperativas están demasiado atomizadas en el sector agroalimentario, que mueve un 7,8% del PIB de nuestro país, y da empleo al 10% de la población activa. El Gobierno considera que hay que fomentar la concentración de las 4.000 cooperativas y sociedades agrarias de transformación que existen, ya que ninguna de ellas figura entre las 25 más importantes de Europa. Una sola cooperativa holandesa, ha puesto como ejemplo Arias Cañete, factura 9.400 millones, más de la mitad de los 17.000 que recaudan las españolas. Como en banca, el Gobierno Rajoy considera que las fusiones son la solución para todos. Para este viaje no se necesitaban alforjas. Si muchas cooperativas no han querido fusionarse es porque no han querido hacerlo. Lo grande no tiene por qué ser más rentable que lo pequeño. De hecho, suele suceder al revés. 

Para conseguir facturaciones dignas, según Arias Cañete, "hay que aumentar el tamaño de las cooperativas, fomentar los procesos de integración, concentrar la oferta y mejorar la capacitación" mediante normas distintas a las existentes hasta ahora, que convertían en imposible que dos cooperativas de dos autonomías diferentes pudieran unirse, por ejemplo, sin mayores problemas.

El otro anteproyecto de Ley pretende proteger a los pequeños productores y acabar con los desequilibrios en la cadena de valor. Al contrario que los productores, los distribuidores están muy concentrados y ejercen su poder de forma abusiva sobre los pequeños productores. Frente a las 989.000 empresas agrarias, hay cinco grandes distribuidoras que controlan el 40% del mercado.

El problema preocupa en Europa y ya ha se han establecido regulaciones en Italia y el Reino Unido.  Se limitarán las prácticas comerciales abusivas por parte de los distribuidores, como por ejemplo no fijar los precios por escrito y no pagar a los productores la cantidad prometida mediante la aplicación posterior de rappels obligatorios, cobro de acciones de promoción y publicidad, etcétera. Se crea un código de buenas prácticas voluntario que permitirá a aquellas empresas que se suscriban a él exhibir el marchamo de "buena conducta", una medida a todas luces insuficiente en un país con una enorme producción agrícola donde las diferencias entre precios pagados al productor y precios que el consumidor tiene que pagar por ese producto son estratosféricas, y donde seguir la dieta mediterránea resulta más caro que alimentarse con fast food.

Se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria y se establece un control administrativo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá potestad sancionadora. El nuevo organismo sustituye al Observatorio de precios de los alimentos para asumir nuevas funciones relacionadas con el funcionamiento de la cadena alimentaria y continuar ejerciendo las relacionadas con los precios de los alimentos.

La escasa protección de los intereses de los pequeños agricultores es muy deficiente hasta el momento si tenemos en cuenta la importancia de la exportación de alimentos en la economía española, como demuestran los últimos datos del crecimiento de las exportaciones en el mes de agosto. En las dos últimas décadas el sector ha crecido más de un 50%, un 35% más que la media de la Unión Europea, según ha señalado Arias Cañete. Se avecina una crisis alimentaria en todo el mundo, pero España juega con ventaja. La venta de productos alimentarios en este primer semestre 2012 ha aumentado hasta los 16.746,2 millones de euros (un 9,5% más interanual), mientras que otros sectores como el del automóvil han sufrido descensos del  9,9%.

Sara Olivo
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